El juicio a Torra, visto para sentencia: "La JEC nos puso en la disyuntiva de tener que desobedecer o prevaricar"

El juicio al president de la Generalitat, Quim Torra, por un delito de desobediencia ha quedado visto para sentencia. "La JEC nos puso en la disyuntiva de tener que desobedecer o tener que prevaricar", aseguró el acusado como alegato final antes de cerrar el juicio tras haber constatado que no siguió las órdenes de la JEC al respecto.

Previamente, el Ministerio Fiscal y la Defensa se enfrentaron por la clave que determinará la sentencia: una cuestión competencial y de jerarquía.

La Fiscalía reclama 20 meses de inhabilitación y una multa de 30.000 euros al ex president por no haber retirado los lazos amarillos (símbolos en favor de los políticos independentistas presos) de las fachadas de los edificios de la Generalitat en el periodo previo a las elecciones generales del 28-A como le conminó a hacerlo la Junta Electoral Provincial. Sin embargo, la Defensa pide la nulidad del juicio considerando que la JEC era manifiestamente incompetente e imparcial para tomar esa decisión de obligar al ex president a retirar los lazos.

Posicionamiento del Fiscal

Por un lado, la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) aseguró que si bien la decisión de la Junta Electoral Provincial que dictó la orden afectaba a un territorio supraprovincial esto no puede considerarse una irregularidad competencial porque la Junta Electoral de la Comunidad Autónoma de Cataluña "no existe porque los representantes del Parlament han sido inapaces de promulgar una ley autonómica en los últimos 35 años". Asimismo, recordó que si hubiera querido, la Junta Electoral Central podía revocar de oficio la decisión de la Junta Electoral Provincial.

"Le guste o no, la estelada y el lazo amarillo no representa a todos", aseguró el fiscal insistiendo en la obligación de retirar los símbolos durante la campaña electoral y acusó a Torra de haberse "venido arriba".

La Fiscalía defendió que la JEC es "superior al president de la Generalitat" y a "todos los poderes públicos" que puedan poner en juicio la limpieza del proceso electoral remitiéndose al artículo 70 de la Constitución que sólo prevé la creación de una ley electoral reguladora de estos procesos.

Asimismo, recriminó a Torra -al igual que haría después la acusación popular ejercida por Vox- que en ningún momento expresara su disconformidad relativa la competencia de la Junta Provincial en el periodo de alegaciones considerando que es un mero argumento de conveniencia para intentar eludir una condena.

Por otro lado, rechazó que los términos de la orden fueran confusos como argumentó el Govern en su momento por hablar de "esteladas y/o lazos", así como la justificación de que Torra no tenía capacidad material para determinar su eliminación de todos los edificios de la Generalitat porque los Mossos pudieron llevarlo a cabo menos de 48h después de que la JEC conminara a la policía autonómica y al conseller de Interior a cumplir la orden desoída por el president de la Generalitat.

La Defensa pide la nulidad del proceso

En el lado contrario, la defensa rechazó los planteamientos de las acusaciones y reclamó la nulidad del proceso al considerar que la JEC llevó a cabo una "actuación politizada por falta de competencia y manifiesta parcialidad".

El abogado de Torra, Gonzalo Boyé, planteó su argumentación partiendo de que en el sistema judicial español solo cabe la desobediencia ante un superior o ante las resoluciones judiciales y considera que este caso no encaja en ninguno de los dos supuestos.

"No es cierto que la JEC es un órgano superior, ni lo es ni lo ha sido nunca", aseguró. "La JEC no es superior al president de la Generalitat ni al presidente del Gobierno", defendió recordando la definición de autoridad que está recogida en el artículo 24 del Código Penal -sin incluir a la JEC- respecto al delito de desobediencia.

Asimismo, rechazó la argumentación de la Fiscalía relativa a la competencia del órgano provincial sobre el autonómico. "Es que eran unas eleciones generales", puntualizó la defensa argumentando que ni siquiera el president de la Generalitat tenía algún tipo de vinculación directa con la organización de las elecciones. Esta apreciación es fundamental en su razonamiento puesto que la norma que regula las competencias de la JEC es clara en este aspecto y establece que tiene competencia "sobre quienes intervienen en el procedimiento electoral". "Lo de la JEC ha sido colonialismo puro y duro", criticó el letrado.

De esta manera, consideró a la JEC un "órgano manifiestamente incompetente" que invalidaba la legalidad del procedimiento y además, le atribuyó un "interés directo" que invalidaba su imparcialidad.

La defensa criticó el método de elección de sus miembros -5 de los 13 vocales son designados por el Congreso- y acusó directamente a dos de ellos tener intereses ideológicos en la causa contra Torra.

En concreto, Andrés Betancourt y Carlos Vidal habrían acusado al president de la Generalitat y a los secesionistas catalanes en general de xenofobia y racismo de forma paralela al procedimiento que afectaba a Torra sin que se hubieran abstenido. "Esto es vergonzoso", manifestó la defensa. "¿Tiene algún viso de imparcialidad?", preguntó retórico.

En este sentido también criticó al propio tribunal, al que la defensa trató sin éxito de recusar por falta de neutralidad. "Sin cuestionar su honorabilidad sí cuestiono su imparcialidad", dijo Boyé al presidente de la sala. "Algo está fallando cuando 10 de los últimos 12 presidentes de la Generalitat" han terminado enjuiciados, reflexionó.

Alegato final de Torra

Por su parte, el president de la Generalitat, Quim Torra, utilizó su alegato final antes de que el juicio quedara visto para sentencia para reivindicar la causa independentista, los derechos fundamentales y cuestionar la independencia del sistema judicial.

Torra insistió en la posición de la defensa sobre la falta de neutralidad del tribunal justificó no haber contestado a las preguntas de la Fiscalía con la reciente polémica protagonizada antes de las elecciones por el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, quien insinuó -para desdecirse al día siguiente- que este órgano seguía las instrucciones del ejecutivo. "Dejó de tener ningún tipo de imparcialidad [...] creo que no es garante de la legalidad sino de los intereses del Gobierno", señaló Torra. Unas palabras que fueron interrumpidas por el presidente del tribunal por interpretarlas como una falta a la consideración hacia el fiscal "haya dicho lo que haya dicho quien lo haya dicho".

El president de la Generalitat repitió sin ambajes que no cumplió la orden de la JEC como había hecho horas antes, pero añadió: "No podía ni tenía que hacerlo [...] no se puede acatar una orden que es ilegal". "La JEC nos puso en la disyuntiva de tener que desobedecer o tener que prevaricar", aseguró en su defensa.

Asimismo rechazó el planteamiento de la neutralidad electoral esgrimido por la Fiscalía. "Es falso que sólo nos lo hayan reclamado [la retirada de los lazos amarillos] durante el periodo electoral", añadió haciendo una defensa de la libertad de expresión y augurando que tendrá que enfrentarse a una nueva querella.

Torra aseguró que se enfrenta a un "juicio político que quiere anular" la voluntad popular expresada en las elecciones autonómicas que le hicieron presidente hace aproximadamente año y medio. "Me podrán condenar pero no podrán cambiar el futuro de este país", auguró.

Aseguró que no piensa "renunciar nunca a los derechos civiles, políticos y democráticos de todos los catalanes" y que si es necesario "bienvenida sea la condena" augurando que el caso llegará a la justicia europea.