El Gobierno explica que no había orden de detención contra Delcy Rodríguez sino una mera "restricción de admisión" que se cumplió

Moncloa prefirió que fuera el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, y no la recién llegada al ejecutivo titular de Exteriores, Arancha González Laya, la que gestionara la presencia en el aeropuerto de Barajas de la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez.

Fuentes del ejecutivo consultadas por 'El País' aseguran que Moncloa se decantó por Ábalos debido a su amistad con el ministro de Turismo venezolano Félix Plasencia que viajaba en ese avión. Extremo confirmado después por el propio ministro en el Congreso.

Un episodio que ha estado rodeado de polémica por las sucesivas explicaciones que desde el Gobierno se han dado desde entonces.

"El señor Ábalos hizo su deber que fue evitar una crisis diplomática con su intervención", zanjó Sánchez al ser preguntado por la oposición este miércoles en la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados.

"La policía cumplió la ley no permitiendo que la vicepresidenta entrara en el Estado español", añadió el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, asegurando que su ministerio, a diferencia de otros en otras épocas, no da instrucciones a la policía más allá de que haga cumplir la ley.

"No entró en espacio Schengen, tenía la prohibición de entrada. Ustedes confunden prohibición de entrada con órdenes de detención. Para eso hay que estudiar un poquito más. Respeten a la Policía", añadió Marlaska interpelado por la oposición.

Misión Delcy Rodríguez

Por su parte, el ministro Ábalos respondió a multitud de preguntas de la oposición asegurando que lo que "modestamente" hizo aquel día "fue que se cumplieran las restricciones" del Consejo de la Unión Europea por un lado y "no añadir más problemas con un Gobierno con el que mantenemos relaciones diplomáticas con embajadores que por cierto restableció el señor Rajoy".

Ábalos echó en cara a la derecha haber puesto en duda "la credibilidad de España" ante EEUU y los socios de la Unión Europea. El ministro fue interpelado en numerosas ocasiones por este incidente entre gritos de dimisión, si bien insistió en defender su firme compromiso "con la democracia y la Constitución española". "España va muy bien según ustedes y por eso tenemos que ocuparnos aquí de otro país", reflexionó desde la bancada parlamentaria.

Respecto a la motivación del encuentro, Ábalos lamentó que cada día lee "alguna nueva recreación" sin que se le puedan achacar a sí mismo todas las versiones distintas. En esta ocasión, el ministro relató que debido a su relación de amistad con el ministro Plasencia se acercó al aeropuerto de Barajas a "recordarle con la mayor diplomacia posible las restricciones del Consejo de Europa [sic.]". "Esa fue la misión que tuve", aseguró manteniendo que el objetivo era "cumplir la restricción de acceso a España". Ábalos explicó que podría haber sido un agente policial quien se encargara de esto, pero que se optó por él debido a las complejas circunstancias que atraviesa Venezuela, país con el que se mantienen relaciones diplomáticas.

No obstante, negó haber tratado algún tema relativo a la situación en el país o sobre la situación de los opositores insistiendo en que no se produjo ninguna reunión aquella noche. Ni había previsión, ni agenda, "ni yo soy nadie para tratar temas de ese calado", aseguró al tiempo que acusó a la derecha parlamentaria de "hacer bandería de un tema tan complejo" e "instrumentalizar a la oposición venezolana" renunciando a la "responsabilidad histórica" que España tiene con Venezuela. "Ahí no nos van a encontrar", zanjó.

Sin pisar el espacio Schengen

Asimismo, 'El País' da cuenta de un informe policial de cuatro páginas sobre el suceso en el que recoge que el encuentro en el avión entre Ábalos y Rodríguez duró “una hora aproximadamente” y no 25 minutos como sostuvo el ministro. Eso sí, aclara que Rodríguez mantuvo vigilancia policial en todo momento y nunca entró en territorio Schengen.

No obstante, sobre Delcy Rodríguez pesan sanciones europeas y restricciones por las políticas represivas de su Gobierno que sí podrían haberse llegado a vulnerar, según la oposición.

Por un lado, la UE adoptó sanciones contra la asistencia técnica o financiación al gobierno venezolano vía reglamento del Consejo de la Unión Europea -acto legislativo de obligado cumplimiento para los estados miembros- y, por otro, una restricción de entrada adoptada en una decisión de los estados miembros -un acuerdo político que no forma parte del derecho de la Unión- que establece que "los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para impedir que entren en su territorio o transiten por él" los dirigentes venezolanos señalados.

El propio Ábalos explicó desde la tribuna, una vez acabada la sesión de control al ejecutivo, que no se vulneró el derecho de la Unión Europea. Ábalos aseguró que la decisión adoptada por el Consejo de la UE en 2017 contra dirigentes venezolanos "no impone por una prohibición de entrada y tránsito en sí misma" sino "restricciones de admisión de los Estados para impedir que transiten en su territorio". Asimismo, insistió que el documento acordado "deja a los Estados en el marco de sus respectivas competencias" la aplicación de la decisión con medidas "graduales" y "flexibles" de forma que se contribuya al objetivo final de lograr una "solución negociada y pacífica en Venezuela".

Eso sí, Ábalos aclaró que sí que existe una prohibición de entrada en el territorio Schengen dictada por Austria en agosto de 2018, pero que no contempla el tránsito por el espacio aéreo. Es decir, el Gobierno defiende que se actuó conforme a derecho porque "la prohibición de acceso al espacio Schengen no contempla el tránsito en el espacio aéreo". Para que se hubiera vulnerado esta prohibición tendría que haber pasado el filtro de pasaportes, algo que no ocurrió puesto que Delcy Rodríguez estuvo acompañada en todo momento por agentes policiales en la zona internacional del aeropuerto sin pisar suelo español. Ábalos explicó que se salvaguardó "la normativa internacional" y la relación entre ambos países.

Precisamente, el pleno del Parlamento Europeo protagonizó el martes un debate encendido sobre el asunto donde se reclamó investigar lo sucedido.

Si bien el vicepresidente de la Comisión Europea y alto representante para la Política Exterior, Josep Borrell, también ex ministro de Exteriores de España, recordó que el ejecutivo comunitario no puede iniciar ningún procedimiento de infracción como reclamaban algunos eurodiputados porque la responsabilidad de velar por la aplicación de las sanciones corresponde a los respectivos países en el marco de sus respectivas jurisdicciones.

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