Es hora de hablar de números, ahora que parece que en el mes de mayo habrá al fin "ingreso mínimo vital" para las familias sin recursos. En el contexto de la crisis económica que vendrá por el coronavirus nada más acabar la cuarentena, unas 100.000 familias, según cálculos del Ministerio de Seguridad Social, serían beneficiarias de esta ayuda pública.
En cuanto a la cuantía, se especula con que esta ayuda estaría en torno a los 400-500 euros al mes, por tanto supondría cerca de 6.000 millones anuales a la arcas públicas. Unas arcas ya castigadas por la deuda pública y que tendrán que afrontar otros tantos gastos sociales que vendrán con el alto paro que se espera por la crisis del covid-19. Según el FMI, en España la tasa de desempleo se podría disparar al 21%, y la deuda al 115% respecto al PIB, el cual caería un 8% en este 2020.
El ingreso mínimo vital es una petición de Unidas Podemos, que finalmente se impone en el Gobierno de coalición a la hora de ponerla en marca, pese a que su reivindicación histórica de la izquierda es la de la renta básica universal. Es decir, que ningún ciudadano esté sin recursos económicos por su situación laboral o personal.
El ministro de la Seguridad Social, José Luis Escrivá, confirmó ayer miércoles que el Ejecutivo va a adelantar su aprobación bajo el nombre de "Ingreso Mínimo Vital" y que estará destinado "a familias sin recursos". Estará preparado para disponerse "en semanas, en un tiempo récord", dijo el ministro, quien recientemente descartaba su implementación inmediata, pero las presiones de Unidas Podemos en el gobierno de coalición han dado su fruto.
Escrivá lo afirmó en el Congreso de los Diputados tan sólo 24 horas después de que María Jesús Montero, titular de Hacienda y portavoz del Ejecutivo, dijera que a esta renta básica le quedaban meses de preparación.
Su instauración había sido motivo de enfrentamiento interno entre miembros del PSOE, Unidas Podemos y ministros independientes, como Escrivá o la ministra de Economía y vicepresidenta tercera, Nadia Calviño. Desde este sector se pretendía unas ayudas 'puente", hasta encontrar un sistema de financiación más asentado, y dar respuestas a las familias más castigadas por la economía o por la crisis del covid-19.
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