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¿Quiénes boicotean el pacto de reconstrucción?: los casos de Vox y Podemos

viernes 17 de abril de 2020, 07:42h

Todos los sondeos coinciden en que hay una enorme mayoría de ciudadanos y ciudadanas favorables al establecimiento de un pacto nacional de reconstrucción, para que el país salga lo mejor parado posible del impacto de la crisis provocada por la pandemia del COVID-19. Sin embargo, hay que insistir en que no todo el mundo tiene la misma idea de lo que ello significa. ¿Es un pacto para apoyar la acción del gobierno? ¿Es, como los pactos de la Moncloa, un acuerdo entre todos para el conjunto del país? ¿Quiénes cabrían en ese pacto? ¿Cuál sería su procedimiento de formulación?

Y lo cierto es que muchas de estas cosas no están claras. Tampoco las aclara el Gobierno. En esto hay que darle la razón a la representante de Ciudadanos, Inés Arrimadas, cuando sostiene que hay que pasar de la retórica sobre el pacto al establecimiento de parámetros concretos para iniciar la configuración del acuerdo.

Ante todo, si se trata de un verdadero pacto nacional ello quiere decir que, como en los Pactos de la Moncloa, integraría a los agentes sociales, las principales fuerzas políticas y las autoridades autonómicas. Es decir, sería representativo de los principales actores que mueven la vida nacional. Pero tal cosa no se puede realizar sin entender que España esta compuesta, casi a partes iguales, por ciudadanía de orientación progresista y de orientación conservadora. Es decir, esa enorme mayoría que reclama el acuerdo debe estar dispuesta a refrendar un acuerdo entre actores progresistas y conservadores. Sin esa premisa clara, la perspectiva de un pacto nacional no pasará de ser una ficción.

Claro, surge de inmediato la cuestión: ¿cuáles serán los principales obstáculos que enfrentará una perspectiva de esa naturaleza? Como suele suceder, las fuerzas políticas que están menos dispuestas a una concreción efectiva del pacto suelen encontrarse en los extremos del espectro político. Y en estos momentos existen signos apreciables en dos casos, Vox y Podemos, aunque se presenten de distinta forma.

Vox ha expresado claramente que no acepta participar en lo que considera un circo mediático de Pedro Sánchez. En consonancia, su líder Santiago Abascal no le coge el teléfono al Presidente de Gobierno. Es cierto que todavía no ha dicho la última palabra sobre si participará o no en las negociaciones para el pacto, pero de momento le ha puesto la proa. Vox acusa al gobierno de ser responsable de la imprevisión y el desconcierto de la respuesta oficial a la pandemia por el Covid-19. Y hay que decir que tiene buena parte de razón en sus críticas: el retraso de la actuación, la falta de insumos sanitarios, la dificultad por hacer un buen registro de la cantidad de fallecimientos, etc. Pero sus propuestas alternativas son claramente inviables: su demanda de dimisión del gobierno y su sustitución por otro de integración nacional, no pasa de ser una proclama para la galería. Eso solo tendría sentido si la enorme mayoría de la población rechazara la actuación del Gobierno ante la pandemia, pero todas las encuestas apuntan que la opinión está dividida al respecto (incluido el CIS de Tezanos, que muestra un 46% a favor y un 47% en contra).

Vox tiene que aceptar que la pandemia nos ha cogido con este gobierno, cuya legalidad es incontestable. Pero parece confundir lo que fundamenta su estrategia a largo plazo, la ruptura del “consenso progre”, con la actual situación de emergencia nacional, donde el relato progresista es aceptado por buena parte de la población. En estas condiciones, Vox sólo tiene dos opciones: acepta la necesidad de la unidad de acción entre progresistas y conservadores o se sitúa fuera de la realidad nacional al desconocer la mitad progresista del país. Algo que mostraría un comportamiento sectario ante la situación de emergencia, que probablemente tendría coste electoral.

El caso de Podemos es claramente distinto. Aquí cabe distinguir claramente lo sustantivo de lo adjetivo. Podemos es uno de los factores que más obstaculizan un verdadero pacto nacional, pero su discurso se muestra claramente a favor del pacto por la reconstrucción. El problema aparece cuando se trata de concretar sobre qué contenidos. Para muchos conservadores, Podemos está tratando de aprovechar la pandemia para imponer su programa. Mas gasto público, más impuestos, control de las comunicaciones y la seguridad nacional, promoción de cambios en el sistema político. Es decir, un pacto de reconstrucción mediante soluciones claramente orientadas a la izquierda. Algo que es exactamente lo contrario que se supone debe ser el contenido de un pacto entre conservadores y progresistas. Suponer que una salida por la izquierda va a ser aceptada por las fuerzas conservadoras es situarse también fuera de la realidad nacional; lo que provocaría una reacción de esos sectores que señalarían a Podemos y sus asociados como los verdaderos boicoteadores del pacto.

Desde luego, hay que admitir que Podemos colabora bastante con esa imagen de divisionismo que se le atribuye. Sus choques dentro del Gobierno por dar soluciones simples a problemas complejos, como en el caso de la imposición de la renta mínima, sin pensar en el endeudamiento nacional y sin preparar técnicamente el programa (identificación de instrumentos, perfil de integrantes, etc.) no sólo muestra su bisoñez en la gestión pública, sino su naturaleza populista: pídanme la luna que se las bajo. Pero quizás la muestra más palpable de su capacidad de sabotaje respecto de un pacto nacional, se refiere a la ofensiva contra el Rey como jefe de Estado. Atacar a una figura respetada por la mayoría de la población en medio de la crisis provocada por la pandemia es simplemente invidencia política o sectarismo congénito.

Así las cosas, creo que se impone el sentido común para lograr un pacto en las actuales circunstancias. No parece realista poner como condición para negociar la salida de Podemos del Gobierno, pero tampoco lo es dejar a Podemos por la libre, planteando cosas que obstaculizarían notablemente el pacto. La perspectiva de la unidad de acción solo parece realista si Podemos pierde claramente protagonismo en la negociación. De otra forma, el fracaso del proceso está garantizado.

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