Borràs se acoge al derecho de no declarar en el Supremo en la causa que la imputa por prevaricación, fraude, malversación y falsedad documental

El magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo Eduardo de Porres ha tomado declaración como investigada a la diputada de JxCat Laura Borràs este miércoles, pero la política se ha acogido al derecho constitucional de no declarar.

"Hasta que no haya una prueba pericial no exista me abstengo de declarar", explicó, asegurando que volver a venir a declarar "voluntariamente" cuando esos informes estén listos. Borras asegura que se incurrió en "ilegalidades" para instruir la causa y que el Supremo da legitimidad a esas irregularidades.

Borrás dijo a la prensa, a la salida del Supremo, que siempre colaborará con la Justicia pero que ahora "no se pueden fundamentar las acusaciones que se formulan" sin prueba pericial, que depende en parte de los Mossos d'Esquadra catalanes. También insistió en que no dimitirá ni renunciará a sus actuales cargos políticos y su escaño en el Congreso de los Diputados porque lo consideraría una "injusticia".

El juez De Porres instruye una causa en la que se investiga la adjudicación de varios contratos de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC) en la etapa en la que Borràs era su directora. La citación se produjo después de que el juez recibiera la autorización del Congreso para investigar a la diputada tras un suplicatorio concedido en junio.

El Supremo le abrió una causa en diciembre de 2019 por presuntos delitos de prevaricación, fraude a la Administracion, malversación de caudales públicos y falsedad documental.

Según la investigación del Juzgado de Barcelona, que se recoge en la exposición razonada del magistrado Porres dirigida al Congreso, habría indicios de que durante los años 2013 a 2017, la Institució de les Lletres Catalanes (ILC) adjudicó 18 contratos menores por importe total de 259.863 euros, de forma directa o indirecta a través de sociedades, a Isaías Herrero, con quien Borras, entonces directora del Instituto, mantenía una relación de amistad.

Borrás y Herrero habrían actuado de común acuerdo mediante el fraccionamiento ilegal de esos contratos y la falsificación de los presupuestos presentados en cada uno de los expedientes, simulando la participación de terceras personas independientes.