El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) ha presentado un informe en el que concluye que un ingreso básico temporal para proteger a las personas más pobres del mundo podría desacelerar el aumento de los casos de covid-19 al permitir que cerca de 3.000 millones de personas permanezcan en sus hogares durante la pandemia.
En el informe, titulado 'Temporary Basic Income: Protecting Poor and Vulnerable People in Developing Countries' (Ingreso Básico Temporal: Proteger a las Personas Pobres y Vulnerables en los Países en Desarrollo), se estima que costaría US$ 199.000 millones ofrecer un ingreso básico garantizado durante seis meses a los 2.700 millones de personas que viven por debajo o apenas por encima del umbral de pobreza en 132 países en desarrollo.
En el informe se ha determinado que esa medida es viable y urgentemente necesaria, ya que la pandemia está avanzando actualmente a un ritmo que supera los 1,5 millones de nuevos casos por semana, en especial en los países en desarrollo, donde 7 de cada 10 trabajadores generan su sustento a través de mercados informales y no pueden obtener ingresos si permanecen en sus hogares.
Muchas de las personas que no gozan de la cobertura de programas de seguro social son trabajadores informales, trabajadores con salarios bajos, mujeres, jóvenes, refugiados, migrantes y personas con discapacidad, quienes además son los más afectados por la actual crisis.
El PNUD ha evaluado los efectos socioeconómicos de la COVID-19 en más de 60 países en los últimos meses, y, según los datos obtenidos, los trabajadores que no cuentan con protección social no pueden permanecer en sus hogares sin generar ingresos.
Un ingreso básico temporal les brindaría los medios necesarios para comprar alimentos y costear sus gastos de salud y educación. Además, es una medida viable desde el punto de vista financiero, ya que ese ingreso para un plazo de seis meses costaría solo el 12% del total de la respuesta financiera a la COVID-19 prevista para 2020, o el equivalente a una tercera parte del monto que los países en desarrollo deben pagar por su deuda externa en 2020.
"Los tiempos sin precedentes exigen medidas sociales y económicas sin precedentes. La introducción de un ingreso básico temporal para las personas más pobres del mundo se ha planteado como una opción, algo que habría parecido imposible solo unos meses atrás”, ha señalado el Administrador del PNUD, Achim Steiner.
"Los rescates y los planes de recuperación no pueden centrarse únicamente en los grandes mercados y negocios. Un ingreso básico temporal podría permitir a los gobiernos dar a las personas en confinamiento un sustento financiero, volver a inyectar efectivo en las economías locales para ayudar a mantener los pequeños negocios a flote, y desacelerar el devastador avance de la COVID-19”, añadió el Sr. Steiner.
De todos modos, el ingreso básico temporal no es una solución milagrosa a las dificultades económicas que ha generado esta pandemia. La protección del empleo, la ampliación del apoyo que se brinda a las microempresas y las pequeñas y medianas empresas, y el uso de soluciones digitales para identificar y llegar a las personas excluidas son medidas que los países pueden aplicar.
Para sufragar el ingreso básico temporal los países podrían, por ejemplo, reorientar los fondos que destinarían este año al pago de su deuda. Según datos oficiales, las economías emergentes y en desarrollo gastarán US$ 3,1 billones en el reembolso de sus deudas este año. La aplicación de una moratoria amplia de la deuda para todos los países en desarrollo, como ha solicitado el Secretario General de la ONU, permitiría a los países reorientar temporalmente esos fondos y destinarlos a medidas de emergencia para contrarrestar los efectos de la crisis de la COVID-19.
Varios países ya han tomado medidas para introducir un ingreso básico temporal. El Gobierno del Togo ha distribuido más de US$ 19,5 millones en forma de ayuda financiera mensual a más del 12% de la población por medio de su programa de transferencias en efectivo, principalmente a mujeres que trabajan en el sector informal. Por su parte, España ha aprobado recientemente un presupuesto mensual de € 250 millones para complementar los ingresos de 850.000 familias vulnerables y 2,3 millones de personas a fin de que alcancen un nivel mínimo.
La COVID-19 ha exacerbado las desigualdades que ya existen a nivel mundial y nacional y ha generado nuevas disparidades que están perjudicando en mayor medida a las personas más vulnerables. Teniendo en cuenta que hasta 100 millones de personas más se verán sumidas en la pobreza extrema en 2020, que hay 1.400 millones de niñas y niños afectados por el cierre de las escuelas y que se registran niveles récord de desempleo y pérdida de medios de vida, el PNUD estima que el desarrollo humano global va camino de retroceder este año por primera vez desde que se estableció el concepto.
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