El ex apoderado de Esprode afirma que no intervino en compra de suelo en el municipio

 El ex apoderado de la promotora Esprode, Fernando Flores y Bas, declaró este viernes como testigo en los juzgados de Valdemoro. Su abogado, Alfonso Trayero. Trayero, explicó que su defendido aseguró que trabajó durante un año en Esprode como asesor externo y que en todo ese tiempo no intervino en ninguna compra de suelo en Ciempozuelos. Asimismo, negó toda relación con el ex alcalde, contra el que se ha abierto un proceso judicial. Sobre el contrato presuntamente falsificado por Joaquín Tejeiro para tratar de obtener un préstamo en un banco de Andorra, Flores aseguró que la firma que aparece en él no es la de Francisco Javier Castillo, presidente de la promotora Esprode.

Por otro lado, el abogado de la acusación popular que ejerce el PP, Juan Ramón Montero, señaló que durante su declaración, Flores y Bas reconoció que tuvo relación con arquitectos y técnicos municipales del Ayuntamiento de Ciempozuelos. Según Montero, el ex apoderado declaró ante el juez que Esprode no tenía capacidad para acometer todos los proyectos urbanísticos de Ciempozuelos, y que estaban pendientes de conseguir financiación de terceros.

Además, fuentes próximas a la investigación adelantaron que el inspector jefe de la Brigada de Delincuencia Económica, Vicente García Novoa, declaró ante el juez que recibió órdenes de sus superiores para que paralizara las investigaciones del Caso Ciempozuelos. Según estas fuentes, Novoa declaró que redactó en mayo una nota con los datos que le había remitido la Comisión de Blanqueo de Capitales de Andorra. El policía afirmó que con la llegada de un nuevo superior tras el verano, se hizo pública la nota escrita en mayo pero con dos párrafos más. Estos párrafos añadidos hacen mención, según Novoa, al primer pago de comisiones por parte de Esprode y a la aprobación del Plan General de Ciempozuelos. Durante la vista el juez se refirió a alteraciones de expedientes, paralización de investigaciones y ceses ya que fue relevado de su cargo el superior de Novoa que recibió por primera vez su informe.

Tras la vista del Policía Nacional, Vicente García Novoa, el letrado de Davinia Torrejón (hija del ex alcalde encarcelado Pedro Torrejón), Juan Fernández, comentó que la investigación del agente de la Brigada Económica no tenía mucho soporte judicial. Según el letrado, Novoa afirmó que "muchos datos los consiguió a través de Internet pero allí no aparece el número de fax desde donde se envió el presunto contrato entre los dos alcaldes y Esprode". Fernández asegura que Novoa declaró que en un segundo informe aparecían dos nuevos párrafos "pero conocía estos datos porque venían en el presunto contrato, por lo que tendría que explicar por qué no los incluyó en el primero". Según el abogado del PP, Juan Ramón Montero, no queda claro por qué no se da a conocer las actividades investigadas ante la gravedad de los hechos ya que hacen mención a la estructura de un presunto delito de cohecho. Según Montero, el fiscal dispone de cartas firmadas con el membrete de la fundación Sistema, lo que se entendió en la sala como una cortina de humo.

En las puertas de los juzgados, el secretario general del sindicato de funcionarios Manos Limpias, Miguel Bernard, manifestó que la próxima semana podría presentar nuevas informaciones que ahora están siendo investigadas y que podrían dar al un giro relevante al 'Caso Ciempozuelos'. Bernard añadió que dichas informaciones que se investigan no están relacionadas con la presunta financiación irregular de partidos que este jueves denunció. "Si se confirman las informaciones podrían crear una auténtica alarma social en este caso, que puede tener repercusiones en otras comunidades autónomas", señaló Bernard.

El secretario de Manos Limpias negó que tuviera conocimiento de si presuntamente el inspector de policía imputado hubiera pasado información privilegiada al tesorero nacional del Partido Popular. Por otro lado, Julio Aranda, el abogado de Joaquín Tejeiro, uno de los ex alcaldes de Ciempozuelos actualmente en prisión por la presunta trama de corrupción urbanística, declaró que la próxima semana el juez se pronunciará sobre el recurso presentado que solicita una reducción de la fianza de 900.000 euros impuesta a los dos ex alcaldes encarcelados, el citado Joaquín Tejeiro y Pedro Antonio Torrejón.

Debate sobre los supuestos "pelotazos"
La Comisión de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Asamblea de Madrid debatirá este martes, a petición IU, los supuestos 'pelotazos' urbanísticos en Villanueva de la Cañada de los que, según esta formación, se beneficiaron el ex director de Urbanismo Enrique Porto y varios familiares de la presidenta regional, Esperanza Aguirre. El diputado regional Eduardo Cuenca, consideró "escandalosos" los beneficios que "obtuvieron gracias a recalificaciones urbanísticas", y señaló que el consejero de Medio Ambiente, Mariano Zabía, deberá explicar "cuáles son las verdaderas implicaciones de funcionarios regionales y municipales del PP en estos 'pelotazos' urbanísticos".