La Fiscalía ve posible prevaricación en la contratación de las obras de la N611

La Fiscalía Superior de Cantabria ha formulado denuncia y ha remitido diligencias al juzgado sobre la contratación de varias obras en Cartes, la mayor parte de ellas relacionadas con la mejora de la carretera N-611, en las que el alcalde, el socialista Saturnino Castanedo, podría haber incurrido en un presunto delito de prevaricación.

   Según se explica en un escrito de la Fiscal Superior de Cantabria, María Teresa Calvo, las contrataciones se realizaron "vulnerando total y absolutamente" el procedimiento legal y "conociendo" el alcalde que se estaba "incumpliendo" la normativa.

   Las contrataciones suman en conjunto alrededor de 600.000 euros y corresponden a cuatro empresas, una de las cuales tiene relación laboral con la mujer del alcalde, indicaron.

   La denuncia remitida al Juzgado es el resultado de las investigaciones iniciadas a raíz de una denuncia ante la Fiscalía que realizaron en agosto del pasado año los concejales Emilio Álvarez (PRC) y Bernardo Berrio (PP). Según explicaron, Castanedo deberá acudir a declarar sobre estos hechos a un juzgado de Torrelavega este lunes por la mañana.

    Emilio Álvarez aseguró que la decisión de la Fiscalía es "el primer paso para desenmascarar a un político que desde siempre está perseguido por la sombra de la corrupción". "Éste es el verdadero Saturnino y no el que pretende dar una imagen de político joven, cercano y conciliador", apostilló.

Reparos del interventor

   Los hechos cuya legalidad se cuestiona se remontan a febrero de 2007 y marzo de 2008, tal como explicaron los concejales de PP y PRC.  Bernardo Berrio recordó que en febrero de 2007 el Pleno del Ayuntamiento de Cartes aprobó con los votos del PSOE y el apoyo de UCN el pago de varias facturas por importe de unos 300.000 euros correspondientes a trabajos de acondicionamiento en la N-611, pese a que el interventor había puesto "reparos importantes" porque no se había seguido la normativa de contratación pública.

   El problema radica en que supuestamente no se siguieron las exigencias requeridas para las contrataciones, de acuerdo con las cuales, las obras por importe superior a 30.000 euros deben sacarse a concurso público.

  Un año después, en marzo de 2008, los ediles recibieron un informe de Alcaldía sobre facturas con las mismas empresas por importe similar y, en un primer momento, pensaron que eran las mismas facturas cuyo pago se aprobó en 2007. Sin embargo, -de acuerdo con la versión de los dos concejales- al consultar con el interventor, que por esas fechas no era el mismo, emitió un informe aclarando que las facturas eran distintas, señalando que se seguía vulnerando  la legislación de contratación e indicando además que ésa era la "práctica habitual y sistemática de contratar y trabajar" en el Ayuntamiento.

Denuncias

   En agosto de 2008 Berrio y Álvarez presentaron ante la Fiscalía un dossier con toda la documentación relativa a esas facturas y, en diciembre, como seguían sin respuesta de la fiscal, presentaron la misma documentación ante un juzgado de Torrelavega, que en enero les llamó para ratificarse en su denuncia.

   Días después conocieron también la decisión de la Fiscalía Superior, que da trámite al juzgado. En concreto, la fiscal superior insta al juzgado de Torrelavega que corresponda por turno de reparto a que tome declaración al alcalde, en calidad de imputado, y realice cuantas diligencias se estimen necesarias para esclarecer los hechos.

Campaña de desestabilización

El alcalde de Cartes,por su parte, ha asegurado ser víctima de una "campaña" contra su persona con el único fin de "desestabilizar" el municipio, pero se mostró confiado en que las diligencias previas abiertas en un juzgado de Torrelavega permitirán demostrar que las imputaciones que se le realizan son "infundadas" y que no ha cometido "ningún tipo de infracción penal".

    El alcalde asegura que la Fiscalía se ha limitado a dar traslado al juzgado de la denuncia presentada el verano pasado por los concejales de PP y PRC y sostiene que en este tiempo no ha solicitado al Ayuntamiento ningún tipo de documentación.

    Para el alcalde, lo sucedido responde a una "utilización partidaria y partidista" de los tribunales de justicia por parte del Partido Popular y un "linchamiento moral" en su contra "sin derecho a la defensa", con el "único objetivo de conseguir la desestabilización municipal".