Rechazan el decreto que indaga sobre la vida privada de los empleados

La medida, que generó polémica dentro de la oposición porteña, fue emitida bajo el título "Registro On Line de Empleadores", y contempla un formulario donde se insta a las firmas privadas porteñas a informar una serie de datos de los trabajadores antes del 30 de septiembre con la garantía de "confidencialidad" de las respuestas recibidas.

Estos datos refieren al rango de instrucción del empleado, pero también preguntas sobre posibles problemas de tabaquismo, alcoholismo, drogas o adicción al juego. Voces de la dirigencia política porteña sostuvieron que este registro es "violatorio del derecho a la intimidad de las personas" empleadas y que el requerimiento de algunos datos representa una "vulneración de las garantías y los derechos individuales".

El decreto 625/09 plantea a las empresas de la Ciudad datos como la cantidad de empleados, el sexo, sus niveles de instrucción, pero también indaga sobre si padecen adicciones al tabaco, alcohol, drogas o problemas de ludopatía.

Diego Kravetz, titular de la bancada K en la Legislatura porteña, aseguró que el decreto firmado por Macri "viola la Ley Nacional y local de Hábeas Data porque siendo datos sensibles de una persona y sin pedir al empleado autorización, quieren circularlo a terceros, en este caso al Gobierno de la Ciudad".

"Se están vulnerando las garantías y los derechos individuales de las porteñas y los porteños porque en lugar de hacer hincapié en políticas preventivas de adicciones lo están haciendo con fines persecutorios con el único objetivo de llenar planillas sin ninguna acción concreta de cuidado y asistencia del trabajador", finalizó el diputado porteño.

"El Estado no puede, de ninguna manera, exigirle a las empresas que le brinden datos de la vida privada de sus empleados. El decreto 625/09 que firmó el Jefe de Gobierno es claramente violatorio del derecho a la intimidad de las personas", expresó el diputado Alejandro Rabinovich, del bloque Autonomía con Igualdad.

En ese sentido, dijo que "no existe ningún motivo lógico que explique por qué se les pide a las empresas que den información sobre cuántos empleados sufren algún tipo de adicción; e incluso se podría decir que esta demanda del Poder Ejecutivo es inconstitucional" El legislador consideró que el nuevo registro "es además discriminatorio" y agregó que "esta herramienta debería utilizarse para fiscalizar que se cumplan los contratos de trabajo y los convenios colectivos, pero no existe motivo alguno para se solicite información sobre lo que puede hacer un trabajador fuera de su horario laboral".