Branko Marinkovic, Guido Nayar y Lucio Añez imputados por terrorismo

El fiscal Marcelo Soza tiene indicios de que los cinco formaron parte de la estructura irregular liderada por Eduardo Rózsa Flores.

El boliviano-croata-húngaro Rózsa Flores fue abatido la madrugada del 16 de abril del año pasado en un operativo policial desarrollado en el hotel Las Américas. Junto a él murieron el rumano Árpád Magyarosi y el irlandés Micheal Dwyer.

Soza sostuvo ayer que cuenta nuevos elementos sobre las actividades de la célula irregular y anunció que el lunes dará a conocer los avances de sus investigaciones.

Áñez fue convocado a declarar el 14 de mayo, oportunidad en la que explicó haber conocido a Rózsa Flores, cuando éste se presentó como periodista y le hizo una entrevista.

El militar retirado participó ayer en una reunión por lo que no atendió el requerimiento de este diario.

Moreno es jefe de campo de la Feria Exposición, en cuya condición debió conocer el movimiento que se producían en esa área. La milicia había establecido su cuartel general en el stand de la Cooperativa de Telecomunicaciones Santa Cruz (Cotas).

Guido Nayar, vicepresidente del Comité Pro Santa Cruz y presidente de la Federación de Ganaderos de Santa Cruz (Fegasacruz), prestó declaraciones el 2 de junio del año pasado en La Paz, pero presentó un memorial que interrumpió el acto.

Los milicianos también ocuparon el stand de Fegasacruz.

El Comité Pro Santa Cruz informó que Nayar comunicó que no se pronunciaría.

El empresario Asad Daher compareció ante Soza el 30 de junio, cuando explicó que Rózsa Flores se presentó en su oficina para pedirle colaboración para sus planes, pero que le ordenó que se retire y periodistas de diversos medios siguieron ayer el mismo camino.

Tampoco ayer hubo una reacción de Jorge Asbún, abogado de Branko Marinkovic, ex presidente del Comité Pro Santa Cruz, quien se encuentra en Estados Unidos, según un reporte de la Dirección General de Migración.

Entretanto, los 17 convocados a declarar son ejecutivos de las cámaras empresariales cruceñas, una fábrica y de la Cooperativa Rural de Electrificación (CRE), dos militares en servicio pasivo, dos autoridades municipales, dos abogados, un dirigente indígena y dos dirigentes políticos.

Un vocero de la CRE, que pidió guardar reserva sobre su identidad, dijo que el gerente general de esa entidad, Carmelo Paz, dijo que “todo comenzó con una declaración atribuida a Lorgio Balcázar que negó haber hecho. No hubo un manejo ecuánime de la noticia y se involucró a un hombre inocente” en este caso.

Soza anunció que las personas convocadas deberán presentarse la próxima semana en La Paz o, de lo contrario, se arriesgan a que sean aprehendidas por orden fiscal.

Inclusive, cabe la posibilidad de que más personas sean llamadas a prestar declaraciones por este caso.

Los imputados guardaron ayer silencio sobre su situación jurídica.

Urenda se presentará

Juan Carlos Urenda, candidato a gobernador del departamento de Santa Cruz, acudirá al llamado del fiscal Marcelo Soza, después de cumplir todas las normas legales.

Urenda es postulado por la agrupación Todos por Santa Cruz, cuyo dirigente Wálter Arrázola, afirmó que aunque es “improbable que sea citado”, consideró que el anuncio de la citación es “una forma de intimidación que no nos llega ni nos afecta”.

Arrázola aseguró que ninguno de los integrantes de Todos por Santa Cruz “huirá del país, porque será muy digno entrar a la cárcel por defender la democracia, a diferencia de algunos masistas, que están en prisión por ladrones”.

Urenda, abogado constitucionalista, fue uno de los proyectista del estatuto autonómico del departamento de Santa Cruz.

En la Prefectura de Santa Cruz, el constitucionalista fue asesor de Rubén Costas en el tema de autonomías, pero se alejó de éste por considerar que no había sido capaz de ejecutar las disposiciones contenidas en la carta fundamental cruceña.

El enfrentamiento entre la agrupación Verdadera Democracia Social (Verdes) de Costas y Todos por Santa Cruz alcanzó ayer un punto culminante, cuando Arrázola solicitó a la Corte Departamental Electoral la suspensión de dos cortos televisivos en los que se a la autoridad mientras entrega obras y trabaja durante su gestión prefectural.