La vicepresidenta Fernández de la Vega, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Gobierno, no quiso adelantar si el Ejecutivo, o la Policía, presentarán una querella contra el ex ministro de José María Aznar, pero si exigió hasta en tres ocasiones que rectifique.
"Espero que el señor Cascos rectifique porque no se puede admitir en democracia unas declaraciones tan graves sin pruebas. Por tanto, tiene que rectificar", se limitó a señalar una y otra vez Fernández de la Vega, que iba acompañada en la rueda de prensa por la vicepresidenta segunda, Elena Salgado.
En declaraciones a Onda Cero, el ex secretario general del PP, Francisco Álvarez-Cascos, afirmó este viernes que los miembros del PP involucrados en la investigación del 'caso Gürtel' "tienen toda la razón para no sentirse juzgados e investigados con ecuanimidad", ya que los policías que investigan al PP son una "camarilla" que está "falsificando papeles" y "preconstituyendo pruebas".
Tras exigir la rectificación de Álvarez-Cascos, y en relación al conjunto del caso Gürtel, De la Vega remarcó "la gravedad" de lo que se va conociendo y pidió nuevamente respeto para "la actuación y los tiempos de los jueces". No obstante, en el plano político afirmó que "el PP y sus máximos responsables deben elevar el nivel de exigencia sobre lo que está ocurriendo dentro de sus filas y explicar lo sucedido".
"Contra la corrupción hay que adoptar decisiones claras, contundentes", insistió en su línea Fernández de la Vega, para quien "hay hábitos y conductas que no se pueden consentir, con independencia de cuál sea la decisión final de la justicia".
El Constitucional y el Estatut
Por otro lado, la vicepresidenta también se refirió a la posibilidad de que el pleno del Tribunal Constitucional convocado para los próximos días 14 y 15 de abril emita una sentencia sobre el Estatut catalán. "El gobierno analizará la sentencia, la estudiará y la acatará", dijo, aunque añadió que en todo caso la misma será acorde con "nuestros principios constitucionales". Dijo al respecto que el Gobierno actuará entonces "con absoluta normalidad democrática". Aunque insistió mucho en que hay que ser "prudentes y no adelantar acontecimientos".
En relación al 'caso Garzón', que se enfrenta a una suspensión cautelar, volvió a pedir "respeto a los tiempos" de los jueces, pero sin prejuzgar lo que va a suceder: la posible suspensión del juez-estrella.
Y en cuanto a los graves disturbios originados en el barrio valenciano de El Cabanyal la vicepresidenta hizo un llamamiento a la calma e informó que la Delegación del Gobierno en la Comunidad Valenciana ya ha abierto un expediente informativo para determinar las respectivas responsabilidades: de los policías, pero también de los manifestantes.
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