Para ser útil, la tarea de los analistas es injusta para los gobiernos, porque en vez de elogiar los cielos azules que estamos transitando (cinco años de fortísimo crecimiento económico, aumento de la ocupación, disminución de la pobreza), deben avizorar el horizonte para alertar sobre las nubes que se acercan.
En nuestro caso la nube más cercana es la inflación, tanto por su nivel como por su presunta tendencia. ¿Qué pasa con ella?
Ya desde principios de 2006 la política de precios incidió sobre su medición; esto se fue acentuando, notablemente desde fines de ese año, e hizo crisis con los cambios de personas y procedimientos del Instituto Nacional de Estadística y Censos.
El abandono de las recomendaciones internacionales en el cálculo del Índice de precios al Consumidor - uso de los precios máximos en vez de los pagados (alimentos, turismo), reducción de la gama de outliers en los alimentos, disimulo de aumentos en los costos de la medicina prepaga y en la educación privada, sin entrar en la cuestión de cómo se compilan los datos - le han quitado representatividad.
Indicadores alternativos son el índice de precios implícitos en el Producto Interno Bruto, que muestra para fines del 2006 una suba de más del 13% anual, e - indirectamente - el aumento de la recaudación del Impuesto al Valor Agregado, al cual hay que deducirle la parte debida al crecimiento de la producción y la causada por una mejora en la recaudación, que señalaría un ritmo de inflación no menor al 15% anual en los últimos meses.
En breve, la inflación es alta a niveles internacionales, y crecientes. Sin haber todavía desbordado, esto ya no es estabilidad. Dado nuestro pasado inflacionario cabe preguntarse cómo es la percepción de la inflación, importante factor de su propagación o no.
Alguna encuesta ha mostrado que menos de la mitad de la población está informada sobre o le interesan los avatares del Índice de Precios al Consumidor oficial. En este sentido, para el gobierno el costo político ha sido bajo, y los beneficios son un menor aumento de la deuda pública indexada por el CER y quizá algún alivio de imagen en la negociación salarial venidera y en las expectativas.
Pero la población sí palpa, números aparte, que, salvo su impacto inicial, la política de precios está fracasando: las góndolas de productos con precios oficiales vacías o de calidad “chatarra”, el gasto semanal en supermercados significativamente mayor.
Un indicio de cambio de expectativas, todavía débil, puede ser el renovado interés de los comerciantes por no rezagarse con respecto a los costos de reposición, ausente durante los períodos de estabilidad.
Por otro lado, se sabe que después de las elecciones el gobierno deberá hacer ajustes en una serie de precios contenidos artificialmente, como en las áreas de energía y transportes.
De todos modos, nada de esto sugiere una escalada inflacionaria acelerada, como hubo en el pasado. Las señales de solidez macroeconómica (superávit gemelos, nivel de reservas internacionales) la van conteniendo. Pero no debe demorarse la acción tanto como para que los mecanismos de aceleración, bien conocidos por los argentinos, se pongan en marcha.
¿Cuáles son los instrumentos adecuados? Recordemos el diagnóstico. La demanda global viene creciendo rápidamente. Hasta que se fue alcanzando el techo de la capacidad productiva, se tradujo en aumento de la producción, con estabilidad. En los últimos tiempos el incremento de la demanda genera en parte aumentos de precios. Es importante que, sin ignorar consideraciones sobre la formación sectorial de éstos, se tenga conciencia que hay una cuestión de equilibrio macroeconómico.
Primero: la demanda no puede expandirse a un ritmo inalcanzable por la oferta.
Pero ya un 7% anual exige, para evitar mayores presiones inflacionarias, un desplazamiento horizontal de la curva de oferta. Esto, sólo puede alcanzarse con un aumento de la productividad del capital ya instalado y/o un aumento de la tasa de inversión de unos 4 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto. A largo plazo, este es el tema central: la inversión. Por otra parte, deben evitarse desplazamientos excesivos hacia arriba de los costos (vgr.: salarios) que signifiquen un impulso inflacionario autónomo.
El otro lado de la cuestión es la moderación del crecimiento de la demanda, improbable hasta después de las elecciones, para lo cual pueden usarse herramientas fiscales y/o monetarias. Está claro que la política monetaria, pese a la esterilización de la emisión provocada por la compra de dólares, es permisiva (tasas pasivas de interés negativas en términos reales) y convalida una inflación cercana al 15% anual. Pero la suba de las tasas en pesos puede generar una mayor entrada de dólares.
El instrumento más apto parece una mayor absorción – superávit – por parte del sector público, sin afectar la inversión coadyuvante a la expansión productiva; o sea, concentrada en la contención del gasto público corriente. En este aspecto, importa frenar los aumentos de los subsidios, que ya se estiman en 2.500 millones de dólares, y amenazan con reducir el superávit fiscal del 3,5 al 2,5% del Producto Interno Bruto.
José María Dagnino Pastore
Profesor de la Universidad Católica Argentina (UCA)
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