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El PP pedirá un pleno extraordinario en las Cortes en agosto para aprobar tres leyes, entre ellas la Renta de Ciudadanía

lunes 05 de julio de 2010, 13:47h
El Grupo Parlamentario Popular pedirá un pleno extraordinario en las Cortes de Castilla y León para el mes de agosto que permita la aprobación de las leyes por la que se regula la Renta Garantizada de Ciudadanía, el derecho a la vivienda o la Ordenación del Sistema de Salud de la Comunidad.

El portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Carlos Fernández Carriedo, explicó que después de pedir la habilitación del mes de julio para trabajo parlamentario, hará lo mismo a lo largo de este mes para habilitar el mes de agosto con el mismo fin.

De esta manera, indicó Carriedo, se podrá trabajar en la tramitación parlamentaria de al menos una docena de leyes, en ocho de ellas mediante los trabajos de la correspondiente ponencia y, en su caso Comisión, para debatir enmiendas, informa ep.

En concreto, se trata de los proyectos de ley de Ordenación del Sistema de Salud de Castilla y León; del Derecho a la Vivienda; el proyecto de Ley de Universidades; el de Salud Pública y Seguridad Alimentaria; el proyecto de Ley Contra la Violencia de Género; la Ley de Servicios Sociales y Atención a la Dependencia; el proyecto de Ley de Evaluación del Impacto de Género en Castilla y León y el proyecto de ley por el que se regula la Renta Garantizada de Ciudadanía en Castilla y León.

Por otro lado, en otros cuatro proyectos se trabajará en la presentación de enmiendas o en el análisis de las ya presentadas, concretamente en los proyectos de ley de Turismo; de Prevención de la Contaminación Lumínica y del Fomento del Ahorro y Eficiencia Energética Derivados de Instalaciones de Iluminación; de Creación del Consejo de Cooperación Local; y de Creación del Consejo Profesional de Terapeutas Ocupacionales.

Tres proyectos la pleno

Así, como consecuencia de la aceleración de este trabajo parlamentario y de las previsiones de avance de las ponencias y comisiones legislativas, el Grupo solicitará, cuando procedimentalmente corresponda, la reunión de la Diputación Permanente para convocar el pleno extraordinario de carácter legislativo el 24 de agosto para aprobar, al menor, los proyectos de ley de Ordenación del Sistema de Salud, del Derecho a la Vivienda y por el que se regula la Renta Garantizada de Ciudadanía.

A ellos, explicó Carriedo, se pueden sumar algún otro proyecto si se avanzan y finalizan los trabajo previos o incluso abre la posibilidad al debate de alguna enmienda a la totalidad si se avanza en julio.

El portavoz del PP, quien recordó que se trata de la primera vez que se habilitan julio y agosto para el trabajo parlamentario, considera que el PSOE no tendría por qué poner problemas a esta petición ni en llevar al pleno extraordinario los tres proyectos citados, ya que su Grupo considera que son importantes.

A este respecto, afirmó que es especialmente importante por ejemplo la vivienda cuando hay una serie de dificultades añadidas para acceder a la misma, ya que el desempleo entre jóvenes o la subida del IVA lo hacen más complicado, pero además el Gobierno anuncia la desaparición de los beneficios fiscales. Así, incidió en que frente a perjudicar en el acceso cree que "parece urgente" acelerar la tramitación de esta ley.

En cuanto a la Renta Garantizada de Ciudadanía, Carriedo explicó que hasta el momento se han presentado 56 enmiendas y espera que se puedan analizar todas a tiempo y el PSOE no se quede "fuera" de un pacto al que han llegado agentes económicos y sociales. En cualquier caso, afirmó que las enmiendas presentadas "desvirtúan" el texto y no benefician los objetivos comunes.

Desacuerdo

El portavoz del Grupo Popular en las Cortes criticó que se presenten 56 enmiendas a un texto de 35 artículos, algo que a su juicio lo que demuestra es que el PSOE tiene una visión negativa de este texto cuando considera que es una buena ley.

En cuanto al anuncio de los socialistas de reducir el número de enmiendas para agilizar la tramitación de este proyecto de ley, Carriedo criticó que se dijera el 23 de junio y a 5 de julio no se haya hecho.

El portavoz del Grupo Popular recordó que una vez que se apruebe el texto, se dispone de un plazo de seis meses para el desarrollo legislativo de la ley, pero adelantó que también se está en disposición de acortarse.

Carlos Fernández Carriedo incidió en la necesidad de este instrumento, del que Castilla y León dispondrá de forma pionera y recordó que si no se ha aprobado antes es porque el PSOE se negó a su tramitación por el procedimiento de urgencia.
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