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La supuesta corrupción en Andalucía puede saltar a Madrid

El PP sospecha de la implicación de Mercasa en el escándalo de Mercasevilla

El PP sospecha de la implicación de Mercasa en el escándalo de Mercasevilla

viernes 18 de marzo de 2011, 10:39h
El caso de las supuestas corrupciones en la Junta de Andalucía a través de Mercasevilla viene con sorpresas diarias. Ahora, los dirigentes del PP a nivel nacional buscan la posible relación entre las corruptelas investigadas por la juez Mercedes Alaya en Mercasevilla y los directivos de la empresa pública Mercasa. Una ‘felicitación’ de Mercasa a Fernando Mellet, uno de los principales imputados en la supuesta trama de corrupción en Mercasevilla, ha dado nuevas pistas de las que va a tirar la oposición política con el objetivo de llegar hasta el Gobierno, a través del Ministerio de Medio Ambiente. Mercasa es una empresa pública de la Administración del Estado cuyos accionistas son la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) y el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, a través del Fondo Española de Garantía Agraria (FEGA). Pero, además, Mercasa, que estuvo dirigida en su momento por Javier de Paz, íntimo amigo de Zapatero, ostenta el 48,2 % del accionariado de Mercasevilla, en la que -hasta la Junta General de 30 de junio de 2010- tiene presencia en su Consejo de Administración con un vicepresidente primero y cinco consejeros. El 51,25 % de Mercasevilla corresponde al Ayuntamiento sevillano y el otro 0,55 % a diversos accionistas minoritarios. Pero lo que es evidente, a juicio de la oposición del PP, es que las responsabilidades sobre las supuestas corruptelas cometidas en Mercasevilla –escándalo de los ERE incluido- no se quedan solamente en el Ayuntamiento que dirige el socialista Alfredo Sánchez Monteseirín, sino que alcanzan hasta Mercasa, presente en el Consejo de Administración y en la Comisión Ejecutiva de Mercasevilla y, por tanto, en la dirección y control de esta empresa pública. Y, por la misma razón, las corruptelas podrían salpicar –eso cree el PP- al Gobierno de Zapatero, a través de la SEPI y del FEGA. Aprobación in extremis de las cuentas Las pruebas de que algo no funciona en lo relativo a la supuesta corrupción en Mercasevilla y su relación con Mercasa es una ‘felicitación’ que los responsables de la sociedad estatal en la sevillana dieron al ex director general de la misma y uno de los principales imputados por el escándalo, Fernando Mellet, según el acta de Mercasevilla al que ha tenido acceso Diariocrítico. Esa felicitación ha disparado todas las luces rojas en el PP. Se trata de algo contenido en el Consejo de Administración de Mercasevilla del 17 de febrero de 2009, cuando su entonces director general, Fernando Mellet, se vio obligado a presentar su dimisión del cargo, alegando entonces “motivos personales”. Según se supo luego, el alcalde de Sevilla, Sánchez Monteseirín, había pedido por fax cinco días antes a Mellet su cese. Es decir, que todos conocían en aquella reunión del 17 de febrero que Mellet cesaba obligado por el escándalo que ya comenzaba a destaparse en todos los medios. No obstante esa orden tajante del alcalde, el Consejo de Administración de Mercasevilla, en el que Mercasa está representada con un vicepresidente primero y con cinco vocales, aprobó, a propuesta de Mellet -uno de los principales imputados por el affaire-, las Cuentas Anuales del ejercido 2008, “documentos que serán firmados por la totalidad de los miembros de este Consejo de Administración, a efectos de cumplimiento de lo prevenido en el número 2 del artículo 171 de la Ley de Sociedades Anónimas y en el 330-2 del Reglamento de Registro Mercantil", según se recoge en el acta a la que Diariocrítico ha tenido acceso. La propuesta fue aprobada por unanimidad de todos los consejeros presentes y representados. Además, según se recoge en el acta, Mellet explica que deja el cargo por motivos personales, aduciendo que “él mismo está pasando por un prolongado déficit de salud tanto en el aspecto físico como en el psicológico, todo lo cual hace que no se sienta con las fuerzas y capacidades necesarias para afrontar los importantísimos retos a los que en un futuro inmediato ha de enfrentarse esta empresa, ni para prestar a la misma la enorme dedicación que requiere y que esos retos próximos llevarán a exigencias extremas no compatibles con su señalada situación personal y familiar”. Una felicitación a Mellet En ese momento, según el acta, toma la palabra José Ignacio Fernández Estellés, que es, precisamente, uno de los representantes de MERCASA en Mercasevilla y uno de los vocales en esta sociedad que aprobó, por tanto, las cuentas presentadas por Mellet. Fernández Estellés expresa lo siguiente: “Aunque comprende y respeta los motivos de su dimisión, lamenta la salida de D. Fernando Mellet, cuya labor como Director General ha sido fundamental para el éxito que en los últimos años ha tenido la gestión de una empresa tan compleja y dificultosa como Mercasevilla y sinceramente piensa que será difícil que el nuevo gestor que sea nombrado para sustituirle alcance ese nivel”. Acto seguido, Antonio Rodrigo Torrijos (primer teniente de alcalde del Ayuntamiento sevillano y vicepresidente segundo de Mercasevilla) y Alfonso Mir del Castillo (concejal delegado de Recursos Humanos del Ayuntamiento y vocal en el Consejo de Adminsitración de Mercasevilla) “suscriben plenamente las manifestaciones de D. José Ignacio y espera que se resuelvan los problemas y dificultades personales y familiares que afectan a D. Fernando Mellet. Estas palabras son secundadas seguidamente por la totalidad de los presentes”. Para el PP, no hay duda: los responsables de Mercasa debían conocer exactamente lo que estaba ocurriendo en la sociedad participada por ellos y. de ser así, la responsabilidad llega hasta al SEPI y el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, a través del Fondo Española de Garantía Agraria (FEGA). Mercasevilla, el germen de los EREs fradulentos La grabación que dio origen al denominado Caso Mercasevilla apareció en abril del 2009. En ella, Fernando Mellet y Daniel Ponce, director y director adjunto respectivamente de esta empresa pública, pedían a Pedro Sánchez Cuera e Ignacio de Rojas, empresarios del Grupo La Raza, un maletín con 300.000 euros por mediar en la concesión de la gestión de la Escuela de Hostelería que subvencionaba la Junta de Andalucía. La cinta fue entregada a la juez Mercedes Alaya, quien inició una investigación sobre el cobro de comisiones ilegales y acabó imputando los dos citados directivos de Mercasevilla por cohecho y fraude. En este mismo sumario también fue imputada la secretaria de dirección de Merca, Regla Pereira, el intermediario Juan Lanzas, y el delegado de Empleo de la Junta en Sevilla, Antonio Rivas. Este primer caso dio pronto lugar a otra investigación de la juez. Se trataba de la adjudicación de una parcela propiedad de Mercasevilla a una empresa filial de Sando por una oferta inferior a la que hizo otra constructora. En este caso del "pelotoza urbanístico" también están imputados Fernando Mellet y Daniel Ponce por los presuntos delitos de prevaricación y alteración del precio, así como el ex concejal socialista Gonzalo Crespo, la directora económico financiera de Mercasevilla, Pilar Giraldo, el ex gerente de Urbanismo del Ayuntamiento hispalense, Manuel Marchena, el director de Via Pública del Consistorio y asesor del alcalde Monteseirín, Enrique Castaño, así como otras personas relacionadas con la empresa adjudicataria y el urbanismo sevillano. Un tercer capítulo de esta supuesta trama de corrupción investigada por la juez se centra en un delito societario provocado por el presunto maquillaje de cuentas de la empresa pública y el desvío de dinero y fondos a la Fundación Mercasevilla. También aquí están imputados Mellet y Ponce, y la responsable de proyectos de la citada Fundación, Regla Pereira. Por último, la investigación de la juez se centró también en el fraude del ERE de Mercasevilla que ha destapado posteriormente todo el escándalo que sacude ahora a la Junta de Andalucía. Se comprobó que varias personas, entre ellas un miembro del PSOE de Baeza, Antonio Garrido, había cobrado una importante suma de dicho expediente de regulación de empleo cuando nunca había trabajado en Mercasevilla. Hasta aquí un escueto resumen de un caso que está siendo investigado desde hace ya casi dos años y que ha sido el germen de las numerosas irregularidades detectadas en el seno de la administración socialista andaluza.    
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