Las claves de la reestructuración (pendiente) del sector eléctrico

El nombramiento tiene que hacerse efectivo a instancias de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), que cuenta con el 20% del capital de Red Eléctrica. Pero cuenta con el beneplácito del sector.

Además, este martes se ha conocido que la "moratoria a los subsidios a las renovables" tendrá un efecto positivo para la situación crediticia de las cinco grandes eléctricas españolas, que son Endesa, Iberdrola, Gas Natural Fenosa, HC y E.ON, según un informe de Moody's. Endesa ganó 1.978 millones entre enero y septiembre. Aunque la cifra supone un 27,3% menos que en el mismo periodo de 2010, esta reducción del beneficio responde a que en los nueve primeros meses del pasado año se incluyeron las plusvalías generadas por la integración de Endesa Cogeneración y Renovables en Enel Green Power. En comparación homogénea, el resultado atribuible descontados los correspondientes a la venta de activos aumenta el 2,8%.

Iberdrola logró un beneficio neto de 2.143 millones de euros entre enero y septiembre de 2011, lo que supone un aumento del 3,5% respecto al mismo periodo del año anterior. El beneficio operativo bruto (Ebitda) aumentó un 0,4% hasta situarse en 5.585,6 millones, pese a las desinversiones llevadas a cabo por la compañía el pasado ejercicio en Connecticut y Guatemala, gracias a un crecimiento del margen bruto del 1,8% y un incremento de la eficiencia del 2%, mientras que los gastos operativos subieron un 0,4%.

Pero la indefinición del Gobierno del PP en materia energética preocupa a las empresas del sector. El déficit tarifario (desfase entre ingresos y costes regulados), que en 2012 no debería superar por ley los 1.500 millones de euros, es el gran problema del sector eléctrico. Se trata de una figura que inventó el anterior Gobierno del PP de Aznar, aunque se ha disparado con el PSOE, y que a final de año equivaldrá a cerca del 2,8% del PIB, es decir más de 28.000 millones de euros. Fue el PP el que implantó los denominados Costes de Transición a la Competencia (CTC), conocidos como el billón de las eléctricas, para compensar a las empresas por los costes que, supuestamente, acarrearía la liberalización.

Es un problema que pesa cada vez más en los balances de las eléctricas, que tienen que financiarlo hasta que se tituliza (conversión en títulos de deuda negociables), una tarea muy complicada con la actual situación de los mercados. Tan grande es la maraña del déficit que en el sector ya hay quien, en privado, advierte de que si el problema no se ataja de una vez, no se puede descartar la posibilidad de una quiebra de las eléctricas, como la que estuvo a punto de ocurrir en los ochenta, cuando fue necesario que interviniera el Gobierno a través de un intercambio de activos entre las empresas, que se habían lanzado a invertir en nuevas centrales nucleares, siguiendo por otra parte las directrices del Ejecutivo de Aznar, ya que este ha sido siempre un sector intervenido y regulado por el Estado. España tiene una de las tarifas más caras de Europa como consecuencia de contar con un sector eléctrico con mayor alto grado de intervencionismo de la Unión Europea y de una inseguridad jurídica desconocida en Europa.


La respuesta de las eléctricas a Soria

De momento nos tenemos que remitir al Debate de investidura de Rajoy para saber que el PP quiere "un marco regulatorio que facilite la reducción de costes, la eliminación del déficit tarifario y la sostenibilidad económica". Pero las eléctricas quieren anticparse y presentarán sus medidas este viernes a la Comisión Nacional de Energía para atajar el déficit de tarifa, que ya suma 24.000 millones. Las eléctricas piden a Soria que suba la luz y se imponga el céntimo verde. Plantean que se penalice el consumo doméstico excesivo y revisar la retribución de las redes. Quieren eliminar el coste de la interrumpibilidad y la financiación de los planes de ahorro energético. El objetivo es financiar las primas de las renovables que, actualmente, suponen más de un tercio de los costes regulados.

así, las medidas planteadas pasan por que los peajes de acceso del recibo, es decir, la parte regulada, se eleve en un 30% en 2012 y un 17% en 2013. Las eléctricas indican que el Gobierno debería aplicar estas subidas de forma gradual a través de las revisiones trimestrales, porque hay margen para conjugar los porcentajes en función de cómo se comporten las subastas de energía, que suponen la otra mitad del recibo.

Pero las eléctricas también ven otros mecanismos para financiar las tecnologías verdes, como son las subastas de derechos de CO2 (que a partir del próximo año dejarán de ser gratuitos) y por las que se calcula que el Ejecutivo ingresará 1.500 millones en 2013.

En este sentido, las compañías ya han hecho los números y explican que si el recorte a la fotovoltaica se hubiera hecho hace tres años, cuando la tarifa a esta tecnología ascendía a 314 euros por megavatio/hora, el ahorro total a precios actuales sería de 35.000 millones de euros. La razón es que España tiene comprometidos una gran cantidad de proyectos a 25 años con esta tarifa más alta. Por ello, también solicitan que se finalice el sistema de incentivos para la generación y se sustituya por un mecanismo de subastas para que hagan presión sobre los costes y conseguir avanzar en la curva de aprendizaje.


Recargos por consumo

Las eléctricas ven otra vía de recaudación a través del porcentaje adicional que se aplicaba hasta 2009 en los consumos superiores a la media a través de un concepto de progresividad, por el que a mayor consumo mayor tarifa para concienciar sobre la eficiencia energética. Esta medida suponía en torno a 500 millones de euros anuales por aplicar un recargo a consumos domésticos superiores a 15 kilovatios/hora, pero se suprimió con la entrada en vigor de la Tarifa de Último Recurso para avanzar en la liberalización energética.

Por otro lado, las compañías ponen énfasis en las sucesivas sentencias del Tribunal Supremo que ha dictaminado que las estrategias de ahorro y eficiencia energética en España 2004-2012 (E4) no se financien a través del recibo de la luz. Sin embargo, el Gobierno aplica este recargo en las revisiones tarifarias, incluso en la aprobada para el primer trimestre ya por el Gobierno de Mariano Rajoy. Por tanto si se cumple con la legalidad y se retira esta partida el sistema conseguiría ahorrar unos 250 millones de euros anuales. Además, estas compañías piden suprimir o rebajar la retribución por el concepto de interrumpilidad que se aplica a los grandes consumidores industriales para que se desconecten de la red en momentos de punta de demanda y que supone un coste de entre 300.000 y 400.000 euros por megavatio, que suponen un total de entre 600 y 700 millones anuales.


Control del Gobierno

Ya se "conoce" que el nuevo gobierno controlará a partir de ahora el método de cálculo que las eléctricas hacen del déficit de tarifa y que presentan a la Comisión Nacional de la Energía. En este sentido, se asegura que el gobierno va a negociar con las eléctricas sobre el total del déficit, no descartándose quitas o recortes en los pagos de capacidad a los ciclos combinados (algo que sólo recientemente se ha revisado y supone más de 1.000 millones de euros para el sector) o el pago al carbón nacional.
Aunque algunos analistas no descartan quitas en el importe a cobrar del déficit (como ya sucedió con los Costes de Transición a la Competencia), el problema ahora es que los inversores son más reacios a una titulización rápida de este importe (en 2011 se han titulizado cerca de 9.000 millones euros).
Hoy, el sector eléctrico español, tras la apuesta por las energías alternativas del anterior gobierno, está lleno de vacilaciones e incertidumbres con las que el gobierno de Rajoy debería tratar de poner fin, consciente de que es un sector que tiene como objetivo favorecer a grupos de interés que apuestan por fuentes de energía claramente ineficientes.
Y es que las eléctricas temen que para ellas también habrá recortes, o mermas en su retribución. La medida que siempre se ha reclamado por parte de los partidos de izquierda es la imposición de una tasa o canon a las empresas por los llamados windfall profits o "beneficios caídos del cielo" que obtienen gracias a las centrales nucleares e hidráulicas que ya están amortizadas, algo que la patronal del sector, Unesa, niega. Esa tasa serviría para compensar la prórroga de Garoña y permitiría absorber la reducción de ingresos por una congelación de tarifas.

En las eléctricas no son partidarias de la posibilidad de una quita para el déficit como la planteada por la Comisión Nacional de la Energía (CNE). El sector sostiene que el Tribunal Supremo ya ha reconocido que el déficit tarifario es un "derecho subjetivo" que está incluido en el patrimonio de las compañías.


Coche eléctrico

La ciudad de Barcelona acogió recientemente  la primera reunión ejecutiva en nuestro país de Green eMotion, el proyecto promovido por la Comisión Europea para impulsar la movilidad eléctrica en Europa y crear un mercado que acelere su despliegue. La iniciativa, en la que participan 43 socios, cuenta con presencia española a través de compañías de la talla de Endesa e Iberdrola, coordinadoras de las actividades de demostración del proyecto en España, así como con la colaboración de los Ayuntamientos de Barcelona, Málaga, Ataún y Madrid, de los centros de investigación Institut de Recerca en Energia de Catalunya (IREC), la Fundación Cidaut, Tecnalia y el centro tecnológico Cartif para la investigación y desarrollo del transportes y energía. Estas entidades tienen como objetivo trabajar conjuntamente en validar y demostrar las tecnologías que mejor fomentan el uso del vehículo eléctrico a nivel nacional desde una perspectiva europea.