El colectivo de escoltas se quedará bajo mínimos con el recorte de Interior: 450 terminarán en el paro

Ha explicado que más de 1.500 personas tienen protección en toda España a lo que hay que sumar los cargos electos locales. Según ha dicho hay casi 3.000 efectivos de Policía y Guardia Civil además de uno 700 escoltas privados a cargo del Ministerio del Interior. El ministro ha añadido que esto supone 160 millones de euros anuales, de los cuales hasta hoy 100 estaban dedicados en el País Vasco y Navarra.
  
"No se trata de una cuestión presupuestaria", ha explicado Fernández Díaz, quien ha admitido que "no se puede pasar por alto que ETA ha decidido un cese de actividad" y por ello se ha llevado a cabo esta reducción de escoltas que parte de "un análisis individualizado".


Los escoltas, descontentos

La Asociación de Escoltas en Activo del País Vasco y Navarra ha mostrado su preocupación por "el duro golpe" que supone para este colectivo la reducción de 425 escoltas dependientes del Ministerio de Interior, tras la "reducción 'salvaje' de efectivos" de protección por parte del Gobierno vasco durante las últimas semanas. "Ahora es el Ministerio de Interior quien ha tomado este relevo", han lamentado en un comunicado los escoltas vascos y navarros, que han explicado que, "la realidad es que, a día de hoy, 425 escoltas dependientes de servicios del Ministerio del Interior van a quedar en el paro", lo que supone "una nueva reducción del 55 por ciento de la plantilla", que pasa de 789 a 364 personas.

La asociación ha recordado que su presidente, Santiago Fontenla, trasladó las iniciativas planteadas por este colectivo para "reubicar" a los escoltas en una reunión celebrada hace unas semanas con el Secretario de Estado de Seguridad, Ignacio Ulloa.

Entre otras "salidas", la asociación ha propuesto la generalización de protección a víctimas de violencia de género en toda España y la extensión de servicios de vigilancia a prisiones, acuartelamientos militares y edificios públicos. También ha planteado hacerse cargo de servicios de protección de testigos y seguridad en vuelos nacionales y de repatriaciones, "opción descartada por imposibilidad legal".

Para Santiago Fontenla, "la reducción es un duro golpe para nuestro colectivo, que se encuentra en vías de desaparición después de haber contribuido a proteger el sistema de libertades del que disfrutamos en el País vasco y Navarra". "Nunca, en ningún país de mundo, se ha dejado en la cuneta a quienes han puesto sus vidas al servicio de la democracia y la libertad. Lamentablemente, España parece que será pionera también en esto y dejarán que un colectivo que ha demostrado su eficacia y preparación pase a la historia sin pena ni gloria después de tantos años de servicio", ha censurado.

Finalmente, ha destacado "la profesionalidad" del colectivo, que no ha generado "ningún conflicto", a pesar de estar "siendo masacrados laboralmente" y mantiene "al 100% los compromisos de confidencialidad con nuestros protegidos".