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También se castiga el matrimonio forzado

Gallardón tipificará como delito la difusión de vídeos íntimos como el de Olvido Hormigos

Gallardón tipificará como delito la difusión de vídeos íntimos como el de Olvido Hormigos

jueves 11 de octubre de 2012, 13:20h
El Gobierno tipificará por primera vez el matrimonio forzoso y la difusión de grabaciones íntimas sin consentimiento, así como el acecho y acoso, dentro de la reforma del Código Penal que prepara el Ministerio de Justicia, según ha explicado este jueves la vicepresidenta primera del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
"Es un capítulo novedosos (dentro de la reforma del Código Penal) relativo a la protección de la mujer y la lucha por la igualdad de género que consideramos fundamental en estos momentos en el que en España todavía nos queda un trecho por avanzar en esa protección de las mujeres como víctimas de determinados delitos", ha añadido la vicepresidenta del Gobierno.

   Por su parte, el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón ha explicado que se tipifica por primera vez en España el matrimonio forzado porque existen "situaciones de hecho" que exigen esta respuesta penal. Por ello, ha recalcado que se condenará hasta con tres años de prisión a quienes con violencia o intimidación obliguen a otro a contraer matrimonio, tipo que se considerará agravado cuando a esta situación se sume la exigencia de abandonar el territorio nacional o de no regresar a él.

   Además, la reforma incluirá el castigo de un año de prisión a la divulgación no autorizada de imágenes o grabaciones íntimas. "Es muy importante que la definición del tipo no desaparece como consecuencia de que las imágenes se hayan obtenido con el consentimiento de la víctima -ha precisado el ministro-. Es por divulgar las sin autorización. La mera divulgación, aunque se hayan obtenido lícitamente, pasa a ser objeto de reproche penal en España".

   Además, se tipificar diversas conductas de acoso, que no pueden por el momento ser perseguidas a través de los tipos de amenazas y coacciones, podrán ser penadas hasta con dos años de prisión. Gallardón ha puesto como ejemplo el uso indebido de datos personales con el fin de que terceras personas se pongan en contacto con la víctima o atentar contra su libertad o patrimonio o el de persona próxima a ella.

   Igualmente, se impondrán doce meses de multa por la inutilización de dispositivos electrónicos para el control de penas y medidas de seguridad cautelar. En este sentido, el titular de Justicia ha especificado que el objetivo es de nuevo proteger a las mujeres, muy especialmente en las que han sido objeto de violencia doméstica.

   Finalmente, Gallardón ha justificado estas modificaciones por la consideración por parte del Gobierno de la necesidad de "garantizar la igualdad en la sociedad y atajar cualquier tipo de conducta que supongan violencia sobre la mujer.


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