Por una profesión de calidad

En este maremágnum de incertidumbres que nos rodean, tanto desde el punto de vista social (crisis en el sector, colegios, leyes y directivas), como desde el punto de vista  profesional, no queda otra solución que analizar los problemas y  redefinir nuestra  profesión.

Cuando oímos hablar de la próxima entrada en vigor de la Directiva de Servicios, inmediatamente pensamos que afectará a los colegios profesionales hasta su desaparición. Grave error para la sociedad, pues no solo no deben desaparecer sino que además se debería potenciar su consolidación. Y esto es así, porque fundamentalmente y hasta el día de hoy son los que gestionan mejor los intereses públicos de manera independiente, garantizan de igual modo el correcto ejercicio de las profesiones y vigilan el cumplimiento de las normas deontológicas.

En este mismo contexto, qué decir de nuestra profesión. Se nos va a exigir una competitividad, pues parece ser lo que demanda la sociedad en este mundo globalizado; entendida por las administraciones como calidad, precios, productividad e innovación. La RAE lo define de la siguiente forma: 1. Capacidad de competir, 2. Rivalidad para la consecución de un fin. Pero lejos de la semántica de las palabras, el mensaje es significativo, en lenguaje castizo "hay que atarse los machos".

Empezando por nuestra profesión, para redefinirla, no hay mejor apuesta que  promocionar la formación. Cuanto mejor estemos preparados mas competitivos seremos. Al igual ocurriría con los colegios, sería interesante comenzar con el sistema de gestión en lo referente a registros y/o visados de documentación, agilidad en los trámites, atención al público, prestaciones a colegiados, asesoramientos y un largo etc.

Ahora bien, todas estas posibles soluciones ante el reto futuro serán difíciles llevar a cabo, si realmente la administración no contribuye al establecimiento del orden. Y digo esto con hechos. Por ejemplo, ¿se está haciendo efectivo el seguro trienal contemplado en la LOE como garantía a los compradores de viviendas? ¿Es consciente la sociedad del coste económico que soportan los técnicos por los seguros de responsabilidad civil para el ejercicio de su profesión, y que además tienen dificultades en contratar pólizas por las pocas compañías que existen? ¿Cómo es posible que ante las demandas judiciales, en la mayor parte de los casos las empresas hayan desaparecido o no tengan seguros de responsabilidad civil, quedando como únicos responsables el  arquitecto y arquitecto técnico? ¿Porque no se exige legalmente a los constructores cualificación profesional y seguro de  responsabilidad civil? ¿Se les exige también seguro a los promotores? En la realidad todos sabemos como se está funcionando, y no parece ser por falta de vacío legal, sino por una mala aplicación.

Quiero por ello desde aquí, con esta pequeña nota, trasmitir los retos que se nos presentan y la preocupación del colegio para apoyar a los colegiados en busca de soluciones.

José Antonio de la Vega

 Presidente del Colegio Oficial de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de Edificación de Toledo