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Los profesores de Derecho Administrativo llaman a los poderes públicos a una "seria reflexión"

"Estamos ante una crisis institucional que supera la gravedad de la crisis económica"

lunes 04 de marzo de 2013, 09:42h

La Asociación Española de Profesores de Derecho Administrativo ha hecho público un manifiesto que quiere ser un serio toque de atención a los poderes públicos . Este colectivo de 325 personas de todo el país cuyo secretario nacional es el profesor de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), Isaac Martín, muestran su "preocupación" por la crisis institucional que vive España y critican el "desconcierto" en el que se encuentra el país. Piden medidas y ofrecen su ayuda para llevarlas a la práctica.

La Asociación Española de Profesores de Derecho Administrativo (AEPDA) dirige su manifiesto, especialmente, "a las autoridades públicas y responsables políticos de todo orden" para expresar su "preocupación por la situación actual derivada de la crisis económica, política, institucional y aun moral que entiende sufre nuestra sociedad".

El manifiesto quiere servir para reivindicar "el destacado papel de los juristas españoles en la construcción del edifico democrático". Quieren poner de relieve la importancia del Derecho como "un instrumento imprescindible e inexcusable a la hora de afrontar la situación de desconcierto que vivimos".

Una "crisis institucional" que "supera la gravedad de la económica"

Los profesores de derecho administrativo creen que "la crisis institucional supera incluso la gravedad de la crisis económica" e instan a una "seria reflexión colectiva" sobre todas o algunas de las cuestiones que, en su opinión, más directamente inciden en la citada crisis. 

En concreto, se refieren a la organización territorial del Estado, el diseño y, sobre todo, el funcionamiento de algunos órganos constitucionales, la necesaria transparencia, el principio de buena administración, las pautas procedimentales y organizativas y otras cuestiones de similar naturaleza que, aseveran, son "objeto de preocupación general". 

En definitiva, señalan, "una reflexión sobre la recuperación del prestigio de las instituciones públicas en tanto que garantes de la libertad, la convivencia democrática y la solidaridad social".

Piden porque creen que "se impone" e incluso "se exige"  a los "actores públicos" que pongan en práctica "un cierto grado de generosidad", añaden, "empezando por nosotros mismos, profesores universitarios, y siguiendo por los titulares de cargos institucionales y los responsables políticos de todos los partidos". 

En su opinión, "no se trata de imponer soluciones coyunturales propias de la concepción del mundo de cada credo o convicción, sino, como en 1977, de reafirmar los cimientos del sistema democrático consolidando sus valores". En este sentido, abogan por "la afirmación rotunda de las libertades públicas, la preeminencia absoluta del principio de legalidad, el respeto y atención a los derechos de todos, el control judicial sin fisuras o la imprescindible seguridad jurídica".

Dicen que "a todos nos incumbe y que está más allá de las diversas y legítimas ideologías". 

Creen necesario "reafirmar, si no refundar", algunas de las instituciones o reflexionar acerca de algunas de las opciones adoptadas hace treinta y cinco años adecuándolas al tiempo presente tras la experiencia de su real funcionamiento es una tarea que, como en los momentos fundacionales, requiere del consenso de todos o la mayoría de los partidos y actores del sistema.

Los profesores universitarios ofrecen su colaboración

Una tarea de la que dicen, "no debe ser el resultado de la improvisación" sino de una "una seria reflexión" y "una cierta pasión por los grandes principios" que recoge la Constitución Española, además de los textos internacionales que le sirvieron y le sirven de referencia.

La Asociación Española de Profesores de Derecho Administrativo (AEPDA), cuenta con 325 asociados y reúne a la inmensa mayoría de los catedráticos, profesores titulares y profesores contratados. Todos ellos, se ofrecen, a través de este manifiesto a "colaborar, dentro de su especialidad, en el trabajo de repensar y poner las bases jurídicas de ese empeño colectivo que tanto se echa en falta".

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