Hospitales públicos sin público

La construcción de siete nuevos hospitales, promesa electoral de Esperanza Aguirre, va por el camino que va pero la gran mayoría no sabe cuál es. Las primeras alusiones a la ampliación del sistema hospitalario madrileño con unidades más pequeñas y provistas de todo lo que ofrece cualquier otro centro de las mismas características, llámese Gregorio Marañón, La Princesa o La Paz,  vienen de lejos, de la campaña electoral anterior a la de marzo de  2007. Era la oferta estrella de Aguirre en aquellos años y todavía no se ha materializado.

En principio los hospitales públicos están sin público. Estaba previsto que abriesen sus puertas antes de la finalización de este año y parece ser que hasta mediados de 2008 no atenderán a pacientes. Tampoco está claro que, cuando entren en funcionamiento, ofrezcan todos los servicios, ya que, debido a la lenta selección de personal, las distintas áreas de atención empezarán a funcionar según vayan teniendo empleados, que irán siendo elegidos paso a paso y poco a poco.

En primer lugar, se ofrece la posibilidad de que puedan optar a un empleo en alguno de los nuevos centros hospitalarios aquellos empleados sanitarios que trabajan ya en la Sanidad Pública; luego, cuando toda esta reasignación de puestos de trabajo esté concluida, convocarán una Oferta Pública de Empleo para llenar los huecos que han quedado vacíos en los hospitales de siempre por la marcha de algunos y también los que no han sido cubiertos en los nuevos.

Este retraso —achacable sólo al Gobierno de Aguirre por no tener en cuenta todos estos procesos antes de dar una fecha de inauguración de unos hospitales necesarios—, además de generar inquietud y desconfianza  en los futuros usuarios de esos hospitales, ha servido al PSM para poner en marcha una serie de iniciativas institucionales y ciudadanas, entre ellas una recogida de firmas para exigir a Aguirre que haga pública su ‘hoja de ruta’ respecto a la puesta en funcionamiento de los mismos.

Aún siendo preocupante que no estén todavía atendiendo a los madrileños, como debería de ser si los que planifican las infraestructuras adaptarán las fechas y los plazos a la realidad y no a sus necesidades mediáticas y electorales, otras cuestiones relativas a la intervención de la iniciativa privada en la prestación de algunos servicios que hasta la fecha se prestan desde lo público no son de segundo  nivel. La Sanidad Pública puede terminar siendo lo menos parecido a lo que hasta ahora entendíamos como tal.

Si los edificios los levantan las constructoras, que también pueden encargarse del personal no sanitario, y hasta la camas de los hospitales son de alguna empresa que las alquila a la Consejería de Sanidad,  sólo  nos queda evitar que algunas prestaciones como las extracciones de sangre o los servicios de radiología se vayan del Sistema Madrileño de Salud, que podría quedarse exclusivamente como pagador de los servicios que realizan otros para los pacientes, quienes podrían ver mermada la calidad de la atención que reciben porque de los mismos presupuestos públicos habrá que quitar la parte correspondiente al beneficio empresarial.

Las empresas, además de querer participar en la gestión de la Salud,  desean ganar dinero con nuestra sangre, nuestros pulmones y demás partes de nuestro cuerpo. Todo eso tiene un precio.