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Gallardón pretende amordazar a la prensa

Gallardón pretende amordazar a la prensa

miércoles 29 de mayo de 2013, 08:43h
No para el ministro de Justicia en su intento de ser el ministro más criticado y cuestionado por coartar libertades o al menos limitarlas. Su cruzada por reformar, a la baja, la Ley del aborto, será una cuestión sin duda mucho más polémica. Pero tampoco se queda muy a la zaga la nueva reforma que estaría planeando, la de la Ley de Enjuiciamiento criminal, por la cual se podría llegar a  permitir al fiscal a prohibir a la prensa que informe sobre un sumario. Podría incluso permitirle secuestrar una publicación para evitar tal hecho.

A este paso, si nos deja el excelentísimo ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, publicaremos el contenido del BOE. O las notas de prensa gubernamentales. Y ya puestos a la generosidad, a algún comunicado de algún partido político.

Olvida, parece, el ministro de Justicia, que informar y hacer periodismo es también hablar de lo que alguno no quieren que se hable. De lo que se pretende ocultar. Olvida esa máxima que apunta a que periodismo también es informar sobre algo que alguien no quiere que se informe. Las libertades ciudadanas y la democracia no serían plenas si no hubiera un agente en la sociedad como es el periodista para poder revelar las verdades más escondidas. Que se lo digan al 'caso Bárcenas', a la trama 'Gürtel', y tantos casos de corrupción que fueron posibles gratis a las filtraciones a la prensa. Pero entendemos, claro, que molesta...

Como ya adelantó en Diariocrítico el mes de marzo, el borrador de Código Procesal Penal, que una comisión de expertos elaboró para cambiar la Ley de Enjuiciamiento Criminal de 1882, recoge tales limitaciones para los medios de comunicación que supone una mordaza contra la prensa. Los 'expertos' parecen partir de la falsa idea de que la corrupción no existe si no se da a conocer y, por tanto, imponen limitaciones al derecho a la información: no sólo cuando hay secreto de sumario, como hasta ahora, sino cuando lo dictaminen el juez y el fiscal. Es decir, que con ese Código, los casos Gürtel o Bárcenas no podrían ser conocidos por la sociedad como lo son ahora.
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