Hasta el 8 de julio... Y más allá

Los cambios en las reglas de la negociación colectiva impuestos de forma unilateral por el Gobierno del PP han puesto en riesgo todos los fundamentos democráticos de las relaciones laborales en nuestro país.

Pese a los aplausos de determinados dirigentes patronales (los más golfos, como se ha visto: hasta alguno está en la cárcel, y otros escondiendo sus vergüenzas) gran parte del empresariado español y de sus organizaciones han sido también conscientes del gravísimo peligro de la Reforma Rajoy-Báñez. La propia Báñez mostró en algunas declaraciones un cierto arrepentimiento, e incluso miedo a las consecuencias.

Así, el pasado 23 de mayo, la comisión de seguimiento del II Acuerdo por el Empleo y la Negociación Colectiva (II AENC), integrada por CEOE-CEPYME y CCOO y UGT, mandatados por el artículo 7 de nuestra Constitución, suscribimos un acuerdo para salvar el peor efecto posible de la reforma de la Negociación Colectiva: la pérdida de vigencia de los convenios con la consiguiente desregulación de sectores enteros de actividad y la supresión masiva de derechos laborales de cientos de miles de trabajadores.

Este acuerdo ha sido fundamental para aliviar la tensión en numerosas mesas de negociación y para impulsar la consecución de acuerdos en cientos de convenios colectivos.

En nuestra región, la patronal CECAM rehusó -una vez más- asumir su responsabilidad en el gobierno de las relaciones laborales; y se negó a trasladar a Castilla-La Mancha el mencionado acuerdo estatal. Esta actitud posiblemente no haya perjudicado el esfuerzo negociador de patronales y sindicatos en las cinco provincias de la región; pero lo que es indudable es que tampoco ha ayudado en nada.

Las últimas semanas, en CLM hemos sido capaces de renovar casi todos los convenios que corrían el riesgo de perder su vigencia. Hasta el último momento, se siguen alcanzando acuerdos en las mesas abiertas. Ayer mismo, también, se alcanzó un acuerdo trascendental con la Federación de Municipios y Provincias de CLM para garantizar la ultraactividad de los convenios colectivos de todas las entidades locales de la región, que da tranquilidad a decenas de miles de trabajadores de los ayuntamientos, diputaciones y mancomunidades de la región.

Ha sido una tarea ardua, muy difícil en muchos casos y, en todos, la posibilidad del acuerdo ha dependido de la actitud de las patronales. Los sindicatos siempre hemos tenido claro el marco general, definido en el II Acuerdo por el Empleo y la Negociación Colectiva; y hemos estado dispuestos a adaptarlo a las circunstancias de cada sector, que en absoluto nos son ajenas.

Así, allí donde las patronales han tenido voluntad de acuerdo, ha habido acuerdo. De los casi 50 convenios pendientes hace seis semanas hemos pasado a 11, en ocho de los cuales también se ha eliminado todo riesgo de pérdida de vigencia porque las negociaciones siguen abiertas -y, además, hay en todos ellos posibilidades ciertas de acuerdo.

Los tres restantes merecen una reflexión particular, y una general sobre el futuro tras la 'fatídica' fecha del 8 de julio.

En primer lugar, el convenio de Transporte de Mercancías de Toledo, que afecta a unos 1.500 trabajadores. La patronal UNO, que integra fundamentalmente a grandes empresas multinacionales con presencia en la provincia, propuso un preacuerdo en vísperas del inicio de una huelga indefinida. Las plantillas aceptaron la propuesta y los sindicatos desconvocamos la huelga. Pero llegado el día de la firma del convenio, la patronal, en una muestra de indecencia absolutamente impresentable, se negó a ratificar el preacuerdo.

No sabemos qué pensarán los clientes de estas empresas. A nuestro juicio, un empresario que establece las condiciones de un acuerdo y luego se niega a cumplirlo pierde toda credibilidad y toda la confianza.

Esto es lo que han hecho empresas como DHL, CEVA, FCC Logística o Fiege, si no con sus clientes, sí con sus trabajadores. Ambas partes tenemos cita en mediación el próximo día 11. Esperamos que hayan reflexionado y firmen lo acordado.

En segundo lugar, el convenio de Hostelería de Cuenca. La patronal de este sector no sólo no acepta ninguna propuesta sindical (incluso la congelación salarial durante 2012 y 2013 y una mínima subida del 0,6% en 2014), sino que no formula propuestas alternativas. Se niega incluso a reunirse, aduciendo que "no tenemos nada que decir ni nada que negociar".

Está clara que su voluntad es dejar pasar el 7 de julio para desregular por completo las relaciones laborales en el sector y que cada empresario pueda abaratar los salarios y establecer a su antojo sus propias condiciones, dejando al pairo a los 5.000 trabajadores de la hostelería de Cuenca.

Por último, la patronal del Metal de Guadalajara está actuando de una forma similar con los 5.300 trabajadores del sector. En este caso, utilizan la fecha del 7 de julio como una espada de Damocles para chantajear a sus plantillas y a los sindicatos con propuestas inasumibles, contrarias a cualquier lógica.

Estos dos convenios, sin embargo, como otros muchos, incluyen en sus textos cláusulas de ultraactividad que, a nuestro juicio, y entendemos que al de la mayoría de los juristas -salvo algunos (no todos) de los que están a sueldo de las patronales-  blindan su vigencia, independientemente de la reforma del PP.

Así pues, no sin esfuerzo, llegamos al 8 de julio con casi todos los deberes hechos y con mucha tranquilidad respecto a lo poco que queda pendiente; tranquilidad que sobre todo queremos trasladar a los trabajadores afectados.

Porque entendemos garantizada la vigencia de sus convenios, de sus derechos y de sus salarios, y porque el sindicato no se quedará quieto. Seguiremos combinando con la mima capacidad e intensidad propuestas, negociación y presión para la defensa de los derechos de los trabajadores.

Y frente a aquellas patronales o empresarios particulares que pretendan echarse al monte, sumaremos la acción jurídica a la acción sindical. No nos gustaría que, para tratar de recortar el salario o los derechos de sus trabajadores, algunos golfos se empeñen en retratarse ante los juzgados de lo Social.

Lucas Sánchez

Secretario de Acción Sindical de CCOO CLM