Comportamientos impropios

Solo unas utópicas criaturas perfectas pueden no equivocarse nunca. El Presidente Rajoy dice, en sede parlamentaria, que se equivocó entronizando a Bárcenas. Reconocer una equivocación es una penitencia que justifica el perdón. Pero no evita las consecuencias derivadas de la equivocación. Para la opinión pública, un político se equivoca muchas veces, sobre todo si no es de su cuerda. Hay quien opina que Rajoy se equivocó dando un tratamiento fofo a la presencia del Estado en Cataluña, subiendo los impuestos o aplicando un déficit a la carta agraviante a las Comunidades Autónomas. Otros valoran como aciertos importantes la conducción de la crisis económica y los síntomas de recuperación del empleo en los últimos meses. Al final, la resultante es siempre un conjunto de gestión que se disculpa si son más los aciertos que los errores.

Pero no es lo mismo equivocarse que confundirse. Confusión es creer que el Poder Judicial, al sentenciar responsabilidades penales, resuelve los problemas políticos. Los jueces califican delitos pero no lo que llaman los anglosajones "comportamientos impropios". Los políticos  desautorizados por sus conductas impropias no son necesariamente delincuentes, sino personas que han perdido el crédito o el prestigio para el desempeño eficaz de funciones rectoras. También es confundirse creer que la permanencia de una persona en un cargo condiciona la estabilidad política, la imagen de España o la continuidad de un programa de gobierno. Entre nosotros, hemos visto al presidente de la Comunidad Andaluza acortar su mandato, alegando razones personales, con la sombra de una monumental malversación a sus espaldas, y promover su sustitución por persona de su confianza, sin alterar la insegura coalición en que se apoya aquel gobierno regional. También, en la Comunidad de Madrid, hemos visto replegarse a una presidenta muy popular, alegando razones personales, esta vez justificadas sencillamente por la atención debida a un problema de salud, quedando al frente del gobierno otra persona de la misma línea, sin alteración de la estabilidad ni modificación de la orientación programática. Es decir, que ni Andalucía es Griñán, ni Madrid es Aguirre, ni España es Rajoy. Por el contrario, el pertinaz cuestionamiento de una persona concreta, justa o injustamente, y con perspectivas electorales menguantes, puede convertirla en un factor sicológico de inestabilidad.

Dicho esto, no cabe duda de que la comparecencia del actual Primer Ministro ante el Congreso de los Diputados que lo eligió, en su día, fue, en sí misma, un acto políticamente positivo. Primero, porque era una demanda social creciente que acabaría por convertir en sospechas las dudas que pudieran existir sobre el caso. Segundo, porque dar la cara es una exigencia imprescindible para un gobernante. Tercero, porque las nieblas del relato en circulación necesitaban un punto y aparte clarificador que restase tensión al ambiente y obligase a las diferentes oposiciones a mostrar públicamente sus ideas y definirse en sus desacordes propuestas y sus argumentos más negativos o demoledores que con capacidad de alternativa. Dicho esto, es de subrayar que el punto y aparte es eso y nada más que eso. Un punto y aparte en un feo episodio cuyo final aún no está escrito. La corrupción y los comportamientos impropios coinciden en envilecer, en varios casos, la imagen de nuestra vida pública hasta un grado insoportable que exige operaciones radicales de limpieza. Pero sin un presente intachable no se puede afrontar con autoridad la limpieza del futuro.