El Constitucional mantiene todos los años de prisión a un condenado por la 'matanza de Madrid'

Antonio Toro alegó que se había vulnerado su derecho a la libertad y a la tutela judicial efectiva al haber rechazado tanto la Audiencia Nacional como el Tribunal Supremo que se le descontaran de la pena impuesta, resultante de la acumulación de las condenas sufridas en tres procedimientos diferentes, todos los periodos de tiempo que había permanecido en prisión provisional (sólo dos de esos periodos, que suman 1.064 días, no le fueron abonados). La sentencia, de la Sala Segunda del TC rechaza ahora que se haya producido vulneración de derecho alguno a uno de los implicados en la matanza de Madrid de marzo de 2004.

La vicepresidenta del Constitucional, Adela Asúa, ha formulado un voto particular discrepante al que se ha adherido el magistrado Fernando Valdés Dal-Ré.

Según la sentencia, dada a conocer este jueves, el 12 de enero de 2009, la Audiencia Nacional acordó por auto la acumulación de las condenas impuestas a Toro en tres procesos diferentes y fijó en 18 años el límite máximo de cumplimiento por todas ellas. El recurrente había sido condenado en 2004 por la Audiencia Provincial de Asturias a 6 años de prisión por un delito contra la salud pública; en 2007, de nuevo por la Audiencia Provincial de Asturias, a 11 años y seis meses por un delito de tenencia, depósito y tráfico de sustancias y aparatos explosivos y otro contra la salud pública; y en 2007, por el Tribunal Supremo, a 4 años por tráfico de explosivos en relación con el 11-M.

La demanda de amparo se basaba en que en el caso de Antonio Toro no se había aplicado la doctrina establecida en la sentencia del Tribunal Constitucional 57/2008, de 28 de abril, que prevé la posibilidad de abonar a distintas condenas el mismo periodo de prisión preventiva. La sentencia dictada ahora por el TC, de la que ha sido ponente el magistrado Enrique López López, señala, por el contrario, que la situación del demandante es diferente a la que analizó la STC 57/2008. El de Toro es un supuesto sobre el que el Tribunal Constitucional aún no había tenido ocasión de pronunciarse.

La diferencia fundamental, señala la resolución, consiste en que al demandante le ha sido fijado un límite máximo de privación de libertad (18 años) para cumplir las tres condenas derivadas de tres procedimientos diferentes, como si hubieran sido enjuiciadas en la misma causa.

Ya la reciente sentencia del TC 148/2013, de 9 de septiembre, señalaba que "en caso de cumplimiento acumulado de varias condenas (...) no resulta constitucionalmente obligada la pretensión de que los periodos de prisión preventiva que (...) sean abonables, sean descontados del límite máximo de cumplimiento establecido judicialmente al realizar la acumulación procesal de causas post-sentencia".