El sindicato Comisiones Obreras presentó el pasado 24 de septiembre un recurso, que el TS admitió a trámite a primeros de octubre, contra el Real Decreto regulador de becas y ayudas al estudio aprobado el pasado mes de agosto por el departamento que dirige
José Ignacio Wert al considerar que la nueva normativa vulneraba el principio de igualdad y el derecho a la educación al endurecer los requisitos académicos para acceder a las ayudas.
En concreto, la Federación de Enseñanza de CCOO argumentaba en su recurso que la norma, que eleva a 5,5 la nota media exigida para acceder a una beca de matrícula y hasta un 6,5 para recibir ayudas económicas, vulnera el principio de igualdad y no discriminación del artículo 14 de la Constitución, el principio de interdicción de la arbitrariedad conforme la jurisprudencia del propio Supremo y el derecho a la educación que también consagra la Carta Magna.
El sindicato sostiene que el decreto incurre en estas vulneraciones al poner en situación de desigualdad a los alumnos en función de sus recursos económicos, ya que quienes no alcancen la nota exigida para recibir una beca y carezcan de recursos no podrán seguir estudiando, mientras que con la misma calificación, quienes puedan asumir los costes sí podrán cursar el nivel formación deseado.
Además, Comisiones mantiene que el impacto social para las familias que no alcanzan los umbrales de renta establecidos en la norma recurrida no ha sido estimado adecuadamente por el Gobierno y recuerda que el Real Decreto "fue valorado muy negativamente por el Consejo de Estado", órgano consultivo que "incidió en la necesidad de que el texto asegurara que los alumnos que carecen de medios económicos pudieran estudiar de igual forma que el resto, sin tener que exigirles mayor nivel de rendimiento".
CCOO también solicitaba la suspensión cautelar de la norma para evitar el daño "irremediable" que en su opinión, supondría la aplicación de esta normativa para los estudiantes que dejaran de acceder a sus estudios por no tener una beca durante el tiempo que tardase en pronunciarse el Tribunal Supremo sobre el fondo de la cuestión.
Los estudiantes achacan el "duro golpe"El presidente de la Federación de Estudiantes Progresistas (FAEST),
Fidel González, ha calificado que "duro golpe" la decisión del Supremo. "Aunque estamos tristes, seguiremos peleando", ha asegurado este líder estudiantil, que lamenta que el ministro de Educación, José Ignacio Wert "se haya salido con la suya una vez más". Para González, la norma aprobada por el Gobierno el pasado mes de agosto "atenta" contra los principios constitucionales de equidad e igualdad de oportunidades y es "la más dañina" de las que el Ministerio de Educación ha tramitado "por vía directa contra los estudiantes".
González ha reconocido que era "escéptico" sobre este recurso. Aunque considera que está "absolutamente justificado", no estaba convencido de que el TS suspendiera la orden habiéndola solicitado un sindicato y no un estudiante directamente afectado. No obstante, ha afirmado que, "a la hora de la verdad", es difícil que un alumno presente un recurso con su nombre y apellidos y pueda hacer frente al coste económico que esto supone.
A la secretaria general del Sindicato de Estudiantes,
Ana García, la decisión judicial le parece un "completo escándalo" porque este decreto "perjudica" a los alumnos que más necesidades tienen y que se van a ver "excluidos" de la universidad "por su capacidad económica". Si bien ha valorado que se luche contra este decreto por la vía judicial, también ha dicho que la organización que dirige apuesta de hacerlo en la calle,
mediante huelgas y manifestaciones, como la que el Sindicato de Estudiantes ha convocado para el próximo 20 de noviembre, día en que previsiblemente el proyecto de Ley para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) se apruebe en el Senado.
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