El pasado mes de febrero, el Tribunal Supremo prohibió las
inscripciones de los niños nacidos a través de un vientre de alquiler. A pesar
de que desde 2010, estos niños estaban siendo inscritos de forma inmediata en
el Registro Civil. Pero tras una condena a Francia por el Tribunal de Derechos
Humanos de la UE, que también condenaba a España, la ley de 2010 vuelve a estar
vigente, y estos niños puedes volver a ser registrados.
Esta anulación se debió a que la legislación española
considera nulo todo contrato en el que una mujer geste a un niño que no vaya a
ser suyo, renunciando así a su maternidad. Por tanto el tribunal entendía que
estos niños no podían ser reconocidos ni inscritos como hijos de esos 'padres'.
Pero en junio, el Tribunal de Derechos Humanos de la Unión
Europea condenó a Francia y España por no inscribir ni reconocer a estos niños.
Lo que ha obligado a que el Ministerio de Justicia tenga que dictar una nueva
instrucción a todos los registros consulares para que empiecen con la
inscripción inmediata de estos niños.
Estos niños quedaban en una especie de limbo, y necesitaban
una respuesta. Por lo que el departamento de
Gallardón decidió una reforma del
Registro Civil, permitiendo la inscripción de estos niños, pero en ella
aparecería el nombre de la madre que alquiló su vientre. En este caso los
padres del niño debían constatar en España la sentencia judicial del país en el
que se había producido la gestación, para poder garantizar la sustitución.
Las familias no quisieron aceptar esta respuesta, por lo que
al final no se llevó a cabo y la nueva orden dictada es similar a la del año
2010 aprobada por la Dirección General de Registros y Notariado. Esta ordena
que los niños sean inscritos sobre la marcha con la identificación de los
padres que habían realizado el proceso de vientre de alquiler.
Programas como el de VAE, ayudan a aquellas familias que
quieran llevar a cabo este procedimiento. Ya que se conoce que unas 800 parejas
españolas contratan al año vientres de alquiler en países extranjeros. Este
proceso tiene un coste de entre 50.000 a 200.000 euros, y solo tiene protección
jurídica en Estados Unidos, Ucrania, Rusia, México, Georgia y Kazajistán.
Un ejemplo de esto
son
Iván y
Mirella, una pareja española que llevaba 12 años intentando tener un
hijo mediante tratamientos de fertilidad fallidos en los que se gastaron un
total de 30.000 euros, tal y como recogió 'El País' en una entrevista el pasado
mes de mayo. Al final y tras una conferencia en Barcelona sobre las madres de
alquiler, vieron en ello su última opción. Como ellos otras 800 parejas más, que
se calcula que van en aumento, pudiendo llegar a los 1.200, según calcula el
bufete de Subrogalia.
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