El tribunal concedió de forma provisional el pasado 15 de septiembre la suspensión del procedimiento de contratación del nuevo hospital de Toledo por un recurso presentado por este taller de arquitectos --que había sido titular de la dirección facultativa de la obra hasta su paralización-- en el que exigían que la empresa pública Gicaman resolviera el contrato antes continuar el trabajo.
En la resolución de este Tribunal, se expone que no existe contrato vigente por esta obra como pretende el recurrente, pues el contrato del que era adjudicatario fue "resuelto", resolución que mantiene sus efectos en tanto que el órgano jurisdiccional que está conociendo la demanda interpuesta no declare su invalidez y dicte la sentencia que en derecho proceda.
Sostiene el Tribunal, que es del todo "improcedente" que entre a examinar la cuestión como pertinencia o no de la de la resolución del contrato en cuestión o las cantidades pertinentes tras su resolución, que nada tiene que ver con los actos impugnados y que se encuentran bajo pendencia judicial.
Asimismo, señala que la argumentación del recurrente en relación a la persistencia de un contrato anterior como el mismo objeto del licitado es una "situación previa al procedimiento de adjudicación", sobre la que el Tribunal no puede entrar a conocer al impugnarse los actos de licitación del nuevo contrato.
"Incumplimiento contractual"
El Tribunal explica que si el órgano de contratación tiene un contrato con determinado objeto con una empresa, y durante la vigencia del mismo, decide suscribir un nuevo contrato cuyo objeto coincida total o parcialmente con el primero y deja de encargar a la empresa los servicios correspondientes para encargárselos a la segunda, "nos encontraríamos ante un caso de incumplimiento contractual por parte de la Administración contratante".
No obstante, "excedería de la competencia de este Tribunal que carece de competencia para el examen de las distintas incidencias que puedan acaecer en la fase de ejecución de un contrato".
Finalmente, el Tribunal no aprecia la concurrencia de mala fe o temeridad en la interposición del recurso por lo que no procede imposición de sanción.
La resolución es definitiva en la vía administrativa y contra la misma cabe interponer recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha.
Los arquitectos recurrirán al Alto Tribunal de Castilla-La Mancha
El Taller de Arquitectura Sánchez Horneros, tras el levantamiento de la suspensión del procedimiento de licitación del nuevo hospital de Toledo, presentará un recurso Contencioso-Administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCM) solicitando la correspondiente suspensión cautelar del proceso.
Mediante un comunicado, este taller "en el legítimo derecho de defensa de sus intereses" presentará este recurso en lo que considera "un atropello por parte de la Administración regional".
Igualmente Álvaro Siza y Antonio Sánchez Horneros, como arquitectos redactores del proyecto, interpondrán próximamente una demanda por derechos de autor basada "en las modificaciones que se le realizan a un proyecto que fue objeto de un concurso internacional convocado por la propia Administración regional y posteriormente aprobado por la misma".
Este taller ha indicado que en esa demanda está previsto solicitar igualmente la paralización cautelar de las obras "por cuanto en la jurisprudencia existen varios casos de demolición de lo construido incluso en elementos de interés general". En esta ocasión la demanda será presentada en los tribunales de Madrid.
Finalmente, el despacho de abogados Cremades y Calvo-Sotelo está estudiando las posibles responsabilidades penales de todo el proceso toda vez que la empresa que lidera la única UTE presentada, ACCIONA, una de las empresas anteriormente adjudicatarias de la obra y firmante del comprometido documento de rescisión, "ha colaborado con el Sescam en la redacción de varios documentos y modelado algunos contenidos en el pliego de la licitación de la que previsiblemente será la adjudicataria como única ofertante".
Como consideración adicional, este taller señala que "tras tres años y medio de paralización de la obra por parte del actual Gobierno regional no se puede en ningún caso acusar al Taller de Arquitectura Sánchez Horneros a estas alturas de ser los responsables de cualquier paralización futura o presente del proceso".
"Tampoco se puede utilizar como justificación para ocultar un atropello por parte de la Administración regional el paraguas de los intereses generales de los ciudadanos en perjuicio de derechos de las personas y de las empresas", aseveran desde este taller.
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