Confundir deseos con realidades

La Comisión Permanente del Consejo de Estado aprobará el próximo jueves el dictamen que le ha solicitado el Gobierno. El órgano consultivo, no vinculante, atiende nuevamente a las rogatorias del Gobierno sobre la legalidad de la nueva consulta planteada por el gobierno de Cataluña para el 9N, ya que la original está suspendida por el Tribunal Constitucional.

Mariano Rajoy reclamó ayer al Consejo, que la resolución la tuviera redactada antes del 31 de octubre- decidida ya sabemos que la tienen-. El jueves se produce la reunión ordinaria del órgano Permanente y así dará tiempo a que el Gobierno pueda utilizar ese dictamen en el Consejo de Ministros del viernes y presentar con ello un conjunto de actuaciones contra el denominado "proceso de participación ciudadana". 

Frente al Consejo de Estado, en Cataluña existe la figura consultiva del Consell Assesor per a la Transició Nacional que ha marcado ya las bases para una negociación con el Gobierno de España en la postura más radical que defiende el líder de ERC, Oriol Junqueras. El informe ratifica la ilusión que supone entrar en el proceso hacia la independencia  tiene como fin "hacer de Cataluña un país donde se garantice el bien común y el bienestar de sus ciudadanos.Todos parecen ver diferentes realidades ante misma situación.

El Consejo de Estado y sus "jefes": el Gobierno, no encuentran razones, ni por remotas que estas fueran, que la independencia lograría una Cataluña más próspera. Y del mismo modo en Cataluña, en la mayoría de los casos ven ante la misma realidad, el paraíso en la tierra.

El ministro de Justicia, Rafael Catalá- tiene guasa que quien encabeza el plan de actuación contra cualquier opción de voto en Cataluña se apellide catalá-, explicó ayer que la Abogacía General del Estado está estudiando los planteamientos de la Generalitat, acusando que el proceso de consulta no oficial del próximo 9 N en ningún caso es un plan de acción legal.

En poco más de diez días, los catalanes saldrán de nuevo a la calle para demostrar lo que quieren: votar sobre su futuro. Ante los deseos de las formaciones soberanista, el Gobierno hará oídos sordos y ojos ciegos, y se limitará a demostrar el peso de la ley ante cualquier muestra ciudadana que hoy ERC y CUP han solicitado a la sociedad catalana.

Por otro lado el alcalde de Barcelona, Xavier Trias ha anunciado que se querellará contra todo aquel que asegure que posee cuentas en Andorra o Suiza. Parece que no sólo un suizo fundó el Fútbol Club Barcelona, al final Convergencia Democrática también se acabará descubriendo que su origen se sitúa en el país alpino.