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El Tribunal de Cuentas le 'saca los colores' al primer año de gestión económica de Cospedal

El Tribunal de Cuentas le 'saca los colores' al primer año de gestión económica de Cospedal

>>El Informe de Fiscalización de cuentas de 2012 de la Junta "cuestiona la presupuestación realista de gastos"

>>El Gobierno de Cospedal no incluyó las cuentas de la RadioTelevisión Pública de Castilla-La Mancha

>>Varias entidades presentaron cuentas fuera de plazo

viernes 06 de febrero de 2015, 10:57h

El Tribunal de Cuentas (TC) ha emitido el Informe Anual de Fiscalización de Castilla-La Mancha correspondiente al año 2012, primer informe desde la supresión de la Sindicatura de Cuentas de la región y que se refiere al primer año completo con el Gobierno del Partido Popular que dirige Dolores de Cospedal. El Tribunal le 'saca los colores' a la Junta en varias cuestiones: habla de datos que "cuestionan la presupuestación realista de gastos", le recrimina que no incluyese las cuentas correspondientes a la RadioTelevisión de Castilla-La Mancha o el hecho de que varias entidades rindieran cuentas fuera de plazo.

El Tribunal de Cuentas (TC) ha emitido el Informe Anual de Fiscalización de Castilla-La Mancha correspondiente al año 2012, primer informe desde la supresión de la Sindicatura de Cuentas de la región y que se refiere al primer año completo con el Gobierno del Partido Popular, en el que hace a la Comunidad Autónoma un total de 10 recomendaciones.

En primer lugar, en este informe, se insta a la Comunidad Autónoma a "efectuar las modificaciones normativas oportunas para adelantar el plazo de rendición de cuentas al 31 de julio --o incluso al 30 de junio-- del ejercicio siguiente a que se refieran", para así facilitar el acercamiento en el tiempo del control a efectuar por el propio Tribunal.

Del mismo modo, recomienda que la Cuenta General de la región integre las cuentas de todos los entes del sector público regional, "no solo de los sujetos a contabilidad pública".

Otro de los consejos desde el TC indica que la Junta "debería proceder a la adaptación del Plan General de Contabilidad Pública", lo que "podría solventar la carencia de información necesaria para conocer la situación financiera de la Administración autonómica".

"Debería valorarse una norma que regule el procedimiento de rendición de cuentas anuales en los casos de modificaciones estructurales entre las entidades del sector público que supongan la extinción de entidades públicas sin que exista un proceso de liquidación", señala el informe.

Igualmente se pide a la Comunidad Autónoma que elabore un plan de disposición de fondos "como instrumento de planificación de las disponibilidades líquidas" y "potenciar la conexión automática entre el inventario y el sistema de información contable".

Pide más informes de Fundaciones, Empresas Públicas o Consorcios

De otro lado, el TC asegura que Castilla-La Mancha "debería dictar la norma oportuna que regulase la elaboración de un informe por las fundaciones, empresas públicas y consorcios a presentar junto con sus cuentas anuales", relativo al cumplimiento de las obligaciones de carácter económico financiero asumidas como consecuencia de su pertenencia al sector público.

Insta además a la Junta a modificar el Texto Refundido de la Ley de Hacienda para incluir la obligación de remitir a este tribunal de forma anual un informe sobre el seguimiento de los expedientes de reintegro y sancionadores derivados del ejercicio de control financiero.

Por último, en relación a la contratación administrativa, los órganos de contratación "deberían observar una mayor precisión y concreción a la hora de justificar la necesidad para el servicio público de los contratos adjudicados", así como en la expedición de los certificados de existencia de crédito presupuestario.

El gasto no financiero de la Comunidad se redujo ese año un 27%

El informe recoge que el gasto no financiero de la Comunidad Autónoma se redujo en un 27 por ciento en aquel ejercicio presupuestario con respecto al del año anterior, hasta los 6.929 millones de euros.

Esta reducción se produjo "esencialmente por la disminución de las transferencias corrientes" al Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam), si bien a final de año se solicitó un suplemento de crédito de 1.533 millones de euros, de los que 1.320 fueron a parar a este servicio regional.

El documento indica además que el número de entidades del sector público se redujo hasta las 44, repartidas en 17 empresas sujetas a contabilidad privada, cuatro organismos y un ente sujetos a contabilidad pública, 18 fundaciones, dos consorcios y la Universidad de Castilla-La Mancha, además de la Junta.

La Junta no incluyó las cuentas de la RadioTelevisión Pública

Según el TC, la cuenta general de la Comunidad Autónoma fue remitida en el plazo legal, si bien no incluía las cuentas de Radio Televisión Castilla-La Mancha, "que debieron formularse".

Además, no han sido objeto de adecuada rendición de cuentas las entidades Socialmancha, Fundación Centro Tecnológico Europeo del Asfalto y los consorcios de los parques arqueológicos de Alarcos y Carranque. 

Otras cuatro entidades rindieron las cuentas fuera de plazo, la Sociedad de Infraestructuras Aeroportuarias, gestora del Aeropuerto de Ciudad Real, las rindió de forma incompleta; mientras que las fundaciones del Hospital Nacional de Parapléjicos y del Greco 2014 aprobaron sus cuentas fuera de plazo.

En cuanto a los deudores presupuestarios, se totalizaron 302,6 millones de euros, de los que 144,1 corresponden a ejercicios anteriores; mientras que el saldo de acreedores no financieros se fue a los 1.669 millones, 1.065 de años anteriores.

En este punto, el Tribunal hace referencia a una "significativa reducción de acreedores, motivada por la adhesión a mecanismos extraordinarios de financiación" por parte del Estado, "que han supuesto la transformación de deuda con proveedores en financiera".

Se cuestiona la presupuestación realista de gastos

El texto del Tribunal de Cuentas indica además que los presupuestos de Castilla-La Mancha de 2011 y 2012 "tienen variaciones del 32 y del 26,5 por ciento" respectivamente sobre créditos aprobados, "lo que cuestiona la presupuestación realista de gastos"; y refleja que la tesorería sufre un incremento del 375% debido al incremento en el saldo de las cuentas operativas.

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