Antonio Hernando, que se ha reunido en Toledo con el secretario regional del PSOE, Emiliano García-Page, ha criticado que Cospedal pusiera al frente de Enresa "a una persona que no tenía los conocimientos para asumir la responsabilidad de presidir una empresa tan importante", aunque ha destacado que "gracias a las denuncias y la presión del PSOE, Gil-Ortega ha sido cesado y el nombramiento de Cospedal desautorizado".
A su juicio, el cese de Gil-Ortega "no es una casualidad" y su gestión "está en entredicho, es dudosa, genera muchas dudas" y por eso el PSOE va a pedir una auditoría sobre la gestión del expresidente de Enresa al frente de la empresa pública, convencido de que "están en cuestión todos los contratos y precontratos" que se han firmado en relación al Almacén Temporal Centralizado (ATC) de Villar de Cañas (Cuenca).
Los socialistas quieren "que se aclare con qué empresas se han firmado los contratos, que se sabían que estaban abocados al fracaso porque ese ATC no se podía construir en esa ubicación", y por ello han pedido también, como ha recordado, las comparecencias del ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria; y la del presidente del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), Fernando Martí Scharfhausen, para que expliquen "la actuación con Enresa y el ATC".
Hernando, que sobre el nuevo presidente de Enresa, Juan José Zaballa, se ha limitado a decir que "ya veremos a ver", ha insistido en que "todo el mundo sabía" que Gil-Ortega, no solo no tenía "ninguna experiencia en el ámbito nuclear" sino que era "una imposición de Cospedal, por interés" y ahora, al verse la dirigente del PP "salpicada por ese cese, tiene que dar muchas explicaciones".
"Todo muy sospechoso"
Sobre este asunto también se ha manifestado el secretario regional del PSOE, Emiliano García-Page, que ha visto "todo muy sospechoso" y se ha mostrado convencido de que "esto se tiene que aclarar" y "con urgencia" porque "mucho antes de que hubiera ningún residuo radiactivo ya había radioactividad en Villar de Cañas".
En su opinión, los 'populares' tienen con este asunto "un motivo extraordinario para presumir de transparencia", y por ello ha confinado en que "puedan presentar todos los contratos antes de que se presente en las Cortes regionales la tan cacareada Ley de Transparencia".
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