Condenan al ex alcalde de Sabadell y al ex número dos del PSC a un año y cuatro meses de prisión por 'enchufar' a una amiga

En esta sentencia ejemplarizante, la primera que se dicta en el marco de la llamada 'operación Mercurio', también se inhabilita a la alcaldesa de Montcada i Reixac, María Elena Pérez, para ejercer cargos o tener empleos públicos durante un periodo de siete años como condena por un delito de prevaricación. Pérez ha anunciado este mediodía que renuncia a ser la candidata del PSC a la alcaldía en las elecciones de mayo. También Francisco Bustos ha dejado la concejalía que ocupaba en el Ayuntamiento de Sabadell. Los cuatro condenados se han dado de baja de militancia del PSC para no perjudicar al partido.

La sentencia, que cuenta con un voto particular, considera probado que Manuel Bustos intercedió a favor de Carmina Llumà para que ésta, pareja de uno de sus colaboradores de confianza, Marcel Galofré, lograse una plaza de directora de área territorial en el Ayuntamiento de Montcada i Reixac, pese a no haber superado los exámenes de acceso a ese puesto público de trabajo.

Según relata la sentencia, Llumà, que trabajaba en el Departamento de Política Territorial y Obras Públicas, se quedó sin empleo cuando finalizó el mandato del tripartito. Entonces se presentó a la plaza de directora de área del Ayuntamiento de Montcada, pero otros aspirantes al puesto sacaron mejor nota. Manuel Bustos quiso ayudarla y telefoneó a su hermano Francisco Bustos para que intercediera por ella ante la alcaldesa del municipio, María Elena Pérez.

Se da la circunstancia de que Bustos estaba siendo investigado por la llamada 'operación Mercurio' y, por tanto, sus teléfonos estaban pinchados sin que él lo supiese. Francisco Bustos hizo la gestión y llamó a su hermano para comunicarle que "toda" estaba "bien y controlado". Pero en ese momento, las notas del concurso público de empleo se hicieron públicas y la alcaldesa de Montcada se echó para atrás en su decisión de "enchufar" a Llumà.

Fue entonces cuando Bustos decidió recurrir a las altas instancias del partido y pidió ayuda a Daniel Fernández, que por aquel entonces era el número dos del PSC. Fernández telefoneó a la alcaldesa y "le comunicó su vivo interés por el nombramiento de la Sra. Llumà", según relata la sentencia, alegando que "le sería fácil forzar la alteración" de las calificaciones. Al final, Pérez cedió y en mayo de 2012 nombró a Llumà para el puesto de directora de área territorial con un salario de 52.000 euros anuales, aunque, según el fallo del Tribunal, durante el tiempo que ocupó la plaza, Llumà cobró 59.045,61 euros al año. 

Contra la sentencia dictada esta mañana cabe recurso ante el Tribunal Supremo.