El Ministerio de Empleo y Seguridad Social ha hecho públicos los resultados de la primera Encuesta Anual Laboral (EAL) creada para valorar el comportamiento de las empresas en materia laboral en 2013, el primer año de vigencia completa de la Reforma Laboral (RL), vamos, para intentar avalarla en un año de intensa actividad electoral. Pero como veremos el tiro le sale por la culata.
Esta encuesta pregunta a 10.000 empresas de nuestro País sobre tres de los grandes objetivos que el Gobierno del PP dijo tener con la RL, a saber, priorizar las medidas de ajuste interno frente al externo (despidos); reducir la dualidad laboral; y modernizar y descentralizar la Negociación Colectiva (NC)
En cuanto a las medidas de flexibilidad adoptadas en 2013, recordemos primero que la RL presume de poner a disposición de las empresas muchas y novedosas medidas para evitar los despidos e incrementar los ajustes internos. Y el resultado de la EAL pone en cuestión la RL de forma contundente: en 2013 tan solo el 6% de las empresas aplicaron exclusivamente medidas de flexibilidad interna y, por el contrario, el 39% solo aplicaron medidas de despidos de fijos y eventuales, de carácter individual o colectivo. Un 21% aplicaron medidas de ambos tipos y el 34% restante no adoptaron medidas.
Es decir, que el patrón más habitual es que en la inmensa mayoría de los casos las medidas de flexibilidad interna no son más que un complemento casi obligatorio en un plan de ajuste empresarial, en el que la práctica totalidad de las empresas reducen su plantilla con despidos, un 26%; y no renovaciones de contratos, un 39%.
Respecto a la regulación de las Relaciones Laborales el Gobierno cumplió obedientemente con las recomendaciones del BCE y, además de eliminar la ultraactividad de los convenios y facilitar el descuelgue a las empresas, dio prioridad aplicativa a los Convenios Colectivos (CC) de empresa frente a los de sector en un amplio abanico de materias laborales. Y lo hizo en un País en el que, recordemos, el 98% de las empresas utiliza los CC para regular sus relaciones laborales.
La respuesta de la EAL es contundente en este sentido: las empresas no tenían problemas con el modelo de NC y lo más relevante del análisis que aporta la EAL en este sentido es que la gran mayoría de las empresas encuestadas tiene un convenio sectorial. En concreto, más del 83% de las 10.000 empresas de la muestra regulan sus relaciones laborales con un CC de sector, sea éste provincial, autonómico o estatal. Y a considerable distancia se sitúan las empresas con CC propio, que no llegan ni al 15% del total.
Y, además, el 80% dice estar mucho o bastante de acuerdo con que su convenio se adapta a sus necesidades, frente al 20% que dice estar poco o nada conforme con su convenio.
Y las empresas vuelven a dar otra respuesta contundente: la inmensa mayoría, el 73%, dice que no quiere cambiar porque el CC sectorial se adecua a sus necesidades. Un exiguo 1,6% respondió que no avanzaron hacia un CC de empresa porque la representación legal de su plantilla no aceptó negociar en esa línea.
No parece creíble, pues, que la RL del Gobierno del Partido Popular respondiera a una demanda real de las empresas, aunque contara con el apoyo de las organizaciones patronales.
Por último me detendré en la respuesta de las empresas a los cambios futuros en su nivel de actividad. El discurso oficial hablaba de sustituir la flexibilidad externa por flexibilidad interna, es decir, que el ajuste ante los cambios en la actividad no se hiciese despidiendo trabajadores y trabajadoras, sino con fórmulas de gestión del tiempo y de los costes de trabajo.
Pues bien, se hizo la reforma, se abarató y facilitó el despido, se flexibilizó el tiempo y el salario, y la respuesta de las empresas a la pregunta de cómo reacciona ante un aumento de la demanda relevante y de cierta duración es contundente: más del 68% emplearía personas con contrato temporal, esto es, haciendo lo mismo que antes. Menos de 1 de cada 5 (el 19%) emplearía personas con un contrato indefinido. El resto optaría por subcontratar o por incrementar las horas trabajadas, mayoritariamente horas extraordinarias que, como bien sabemos, en un alto porcentaje no son ni tan siquiera pagadas.
Y la situación es la misma si en lugar de por el aumento preguntamos por la caída de la demanda relevante y de cierta duración. El 67% responde que rebajaría los costes laborales. Más del 55% manifiesta que su opción sería despedir gente.
El fracaso de la Reforma Laboral, y la enorme fragilidad del empleo en España ante una futura recaída en recesión, se pone de manifiesto cuando las empresas responden que seguirían ajustando horas y carga de trabajo con los viejos mecanismos: echando a los temporales en primer lugar, aplicando ERE en segundo lugar y, por último, despidiendo indefinidos, el viejo modelo que nos ha hecho pagar un altísimo coste entre 2008 y 2013.
Para concluir me gustaría recordar que el Gobierno del PP promovió la mayor desregulación laboral de la historia de nuestro País en el peor momento posible, pocas semanas después de que los agentes sociales suscribieran el II Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva 2012-2014.
Este Acuerdo, el II AENC, que sí sentaba las bases para potenciar los ajustes internos frente a los externos, y que sí asumió la responsabilidad de incrementos salariales más que moderados, quedó arrasado por la RL.
La conclusión final tras analizar los resultados de la EAL es que el Gobierno facilitó la vía de ajuste a través del despido y dejó en manos de las empresas todo el poder de decisión para aplicarlo y éstas optaron por la vía más fácil y rápida: reducir sus plantillas.
El resultado ha sido una mayor destrucción de empleo de la que se hubiera dado de aplicarse un modelo más equilibrado en el reparto de los costes de la crisis entre el trabajo y el capital, en la línea de lo pactado en el II AENC. Y en la línea de lo que en pocos días conoceremos como III AENC, en el que los agentes sociales volvemos a hacer un ejercicio de responsabilidad, pero de eso opinaremos otro día.
Y, lo que es aún peor, la EAL señala que este modelo de ajuste vía empleo es el que aplicarían las empresas en el caso de una nueva recesión, de tal forma que, si no se deroga la actual normativa laboral, España volverá a destruir empleo con gran intensidad y rapidez ante cualquier caída en la actividad productiva de las empresas.
Alguien debería asumir la responsabilidad por ello.
Lucas Sánchez
Secretario de Acción Sindical CCOO de Castilla-La Mancha
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