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Una respuesta firme y contundente

miércoles 28 de noviembre de 2007, 15:19h
Gravísimos hechos ocurridos en Madrid con ocasión de recientes manifestaciones de carácter fascista, racista y xenófobo —que tuvieron como terrible consecuencia, entre otras, la muerte de un joven de dieciséis años el pasado 11 de noviembre—  han traído al primer plano de la actualidad mediática una cuestión siempre latente en el seno de nuestra sociedad, pero a la que, quizás, no se ha prestado la atención que exige lo que no deja de ser una muy seria amenaza a la convivencia democrática. Porque la repetición de agresiones y actitudes violentas por parte de bandas de ideología nazi y totalitaria se vienen repitiendo en los últimos meses y años con una frecuencia que hace que no puedan ser ya considerados hechos aislados, sino, por el contrario, expresiones del intento de creación de un clima que sea caldo de cultivo precisamente para esas actuaciones en que la exaltación de la ideología fascista hace explícitos, a la vez, los mensajes racistas y xenófobos que le son consustanciales.

Por eso son los inmigrantes el objetivo principal, aunque no único —como se ha visto en el caso citado— de las proclamas y de las agresiones que, cada vez con mayor reiteración y frecuencia, vienen adoptando unos grupos, minoritarios sí, pero con capacidad para provocar altercados, alterar la convivencia ciudadana e intentar propiciar un ambiente hostil hacia aquellos trabajadores y sus familias. Y es aquí donde el problema muestra sus perfiles más peligrosos y amenazadores, por cuanto estas actuaciones organizadas y planificadas se suman, amplifican y dan indirecta cobertura a esas otras acciones individuales en que también se agrede, se veja o se insulta a personas por su origen o por el color de su piel. El caso de la joven ecuatoriana brutalmente agredida por un individuo en el Metro de Barcelona el 7 de octubre de este año, así como el ingreso en prisión a mediados de noviembre del supuesto autor de otra agresión a un ciudadano de origen congoleño en Alcalá de Henares nueve meses después de producirse aquélla, serían sólo dos de estas situaciones que han merecido una atención generalizada en las últimas fechas.

No cabe, pues, la más mínima tolerancia frente a las convocatorias, proclamas, manifiestos y manifestaciones de unos grupos que, deliberadamente, no es que se posicionen al margen de las leyes en general y, por supuesto, de la Constitución —Carta Magna o ley de leyes en nuestro ordenamiento jurídico—, sino que las incumplen, las combaten abiertamente y las desprecian abierta y provocadoramente, con el resultado final de esa violencia verbal y física de tan lamentables efectos siempre y, a veces, como hemos visto, de trágicas consecuencias. 

El debate, sin embargo, está abierto alrededor de los límites que se derivan de los propios principios constitucionales acerca de la libertad de expresión, de la de manifestación y de la de asociación, cuyos contenidos garantistas esgrimen, con tanto cinismo como descaro, los adalides de estos movimientos ultraderechistas cuya ideología defiende, en muy primer término, precisamente la supresión de esos derechos fundamentales. Pues bien, es aquí donde, salvaguardando todas las garantías legales, habría que vigilar con el máximo rigor, desde luego los comportamientos de estos grupos, pero también esos disfraces estatutarios con los que pretenden legalizarse y que, sin embargo, apenas ocultan en la práctica aquella ideología ultra, fascista, franquista o nazi, radicalmente incompatible con nuestros preceptos constitucionales.

Hay que tener en cuenta y valorar que en la mayor parte de los países europeos está prohibida la exhibición de todo tipo de símbolos de esa clase, nada digamos de la apología de las dictaduras que, como en España a lo largo de cuarenta años, se vivieron, por ejemplo en Italia y Alemania en la primera mitad del siglo XX. Ni una calle ni un monumento se encontrará en esos países que recuerden o homenajeen a las figuras y a los hechos de los regímenes de Mussolini y Hitler. En este sentido, la llamada Ley de la Memoria Histórica, que estos días se aprueba en el Parlamento español, puede suponer un avance muy importante en este aspecto para hacer desaparecer del espacio público las expresiones laudatorias a un régimen dictatorial que sigue siendo referencia ideológica de los aludidos grupos de la ultraderecha española. Llegado el caso, y por vía judicial, sería perfectamente legítimo, igual que se pueden prohibir actos y manifestaciones generadores de violencia y contrarios a la libertad ciudadana, llegar a ilegalizar a unas asociaciones cuyo objetivo no es otro que acabar con las libertades de todos.                   

Todas las ideas se pueden defender siempre que respeten la democracia y esa defensa se haga, claro está, por vías pacíficas y, justamente, democráticas. Desde UGT entendemos que nuestro sistema de libertades está firmemente asentado en nuestro país, pero no es menos cierto que los hechos de los que estamos hablando representan, en todo caso, un serio peligro para la convivencia ciudadana, un peligro que, más pronto que tarde, hay que atajar con determinación y contundencia. La firmeza en el control de esas bandas, de sus actuaciones y ramificaciones, en el rechazo frontal de su “ideario” (por llamarlo así) y en la rigurosa vigilancia de sus actividades, así como en la identificación y seguimiento de sus miembros, es una obligación de los poderes públicos y una exigencia social y ciudadana de urgente cumplimiento.

Para dar una idea de las conexiones de estos movimientos, no ha sido un dato menor el hecho de que en algunas de las convocatorias que alrededor del pasado 20 de noviembre tuvieron lugar en esas fechas —con una especial incidencia en nuestra región— estuvieran presentes miembros, nada menos, que del Ku Klux Klan norteamericano, esa organización racista y xenófoba tan tristemente celebre. Son tanto más inquietantes estas ramificaciones cuanto que buscan incidir, como veíamos, en el acoso a la población inmigrante, la más indefensa, a través de una espiral en que se van incrementando las agresiones y las acciones violentas. A estos, a los violentos, les sirve de poco que les digamos cómo son las cosas en la realidad, pero es bueno que todos recordemos que gran parte del desarrollo económico de los últimos años se debe justamente al trabajo de los inmigrantes que han llegado a nuestro país en busca de nuevos y mejores horizontes. Y es más, también gracias a su aportación podemos decir que han aumentado y se han reforzado los recursos para el mantenimiento y profundización del modelo social de progreso que, con tanta adecuación, representa el bien llamado Estado de Bienestar del que, aun con sus insuficiencias todavía no corregidas, disponemos en este país.   

Hay que cortar, por tanto, de raíz estos hechos violentos y la actividad previa de los grupos y movimientos con la que preparan el camino para llevar a cabo aquéllos. Sólo una actitud enérgica y decidida de las instituciones y del conjunto de la sociedad podrá poner coto a esta violencia en el tiempo inmediato para, a continuación y sin pausa, terminar por erradicarla definitivamente. Son muchas las cosas que están en juego empezando, como ya hemos dicho, por esa convivencia ciudadana que tiene que ser exponente de la calidad de nuestra democracia.

José Ricardo Martínez Castro
Secretario general de UGT-Madrid.-
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