El reformismo de Rajoy se queda a mitad de camino

“Nos quedan muchas cosas por hacer”. El slogan se ha convertido en una especie de muletilla electoral en boca de los dirigentes del PP y en especial del presidente del gobierno, Rajoy, sin que ninguno de ellos se decida a enumerar y recordar las asignaturas pendientes, dando por hecho el que los ciudadanos están al cabo de la calle de las reformas pendientes y, al parecer, en stand by, por mor del actual calendario electoral.

La recuperación económica en España es innegable, tan innegable como los factores exógenos que están contribuyendo a ella –precio del crudo, política expansiva del BCE, precio de las materias primas, bajos tipos de interés, evolución del tipo de cambio dólar/euro- y que hace más obligado que nunca que se continúen con las reformas estructurales necesarias para que la economía española no dependa tanto de las muletas como hasta ahora. Así lo advertía hace unos pocos meses el gobernador del Banco de España al señalar que "el proceso de ajuste y de reequilibrio de la economía española no ha finalizado".

Con una tasa de desempleo insoportable por excesiva, la brecha salarial ha provocado que la desigualdad entre rentas altas y bajas haya aumentado de forma considerable, lo que obliga a que las medidas que se adopten para mejorar la productividad no lo sean a costa del empleo.

Desde distintos sectores empresariales y organismos internacionales, como el FMI, se sigue reclamando al gobierno que profundice en la reforma laboral con medidas relacionadas con una mayor flexibilidad en la contratación a tiempo parcial o en la adopción de medidas específicas para promover el empleo juvenil. Todo menos mantener la insoportable tasa de paro existente en España.

El consumo o gasto de las Administraciones es otro de los asuntos sobre los que los analistas tienen puesta su atención, máxime cuando las elecciones catalanas y generales son siempre un aliciente para que se relajen los controles del mismo.

Todos convienen en señalar que la reforma de la estructura de las Administraciones Públicas es uno de los puntos estructurales más débiles y la implementación de leyes como las del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, así como la reforma de la Ley de Contratos del Sector Público, permitirá conocer el grado de compromiso del gobierno con las reformas.

A más a más, el gobernador Linde reclamaba recientemente un cumplimiento riguroso de los objetivos de déficit, con una mayor disciplina sobre las autonomías incumplidoras y nuevos recortes de gastos.

De momento, existe un consenso generalizado en que la reforma del sector público realizada hasta el momento resulta insuficiente y se mantienen el número de parlamentarios en todas las Comunidades autónomas y no se desarrollan mecanismos de control que impidan el despilfarro de los recursos.

Los menores ingresos de la Seguridad Social es otro de los puntos de preocupación no abordados con la suficiente profundidad y que están obligando a financiar el sistema de pensiones utilizando el Fondo de Reserva. Las estimaciones apuntan a que, de continuar este ritmo de trasvase (9.743 millones de euros en 2014), en cinco años el fondo puede desaparecer. Las reformas aunque pueden contribuir a la sostenibilidad de las pensiones, garantizan éstas pero no su importe y retrasan la solución del problema. Es necesaria y cada vez más urgente una reforma estructural basada en un sistema mixto de reparto y capitalización.

Los empresarios siguen demandando la necesidad de mejorar el clima para hacer negocios en España e impulsar el crecimiento del tamaño de las empresas españolas. Para ello, es necesario favorecer el emprendimiento, eliminar trabas burocráticas, fiscales, laborales y la inseguridad jurídica. Además, mejorar los mecanismos de financiación de las empresas y realizar un mayor esfuerzo en educación e innovación.

Con independencia de que los Presupuestos Generales del Estado de 2016 avancen en el sentido correcto, el gasto público en educación lleva cuatro años de descenso continuado en España, aunque teniendo muy claro que no todos los problemas de la educación en España se resuelven exclusivamente con dinero.

En materia fiscal, el gobierno ha decidido tirar la casa por la ventana y recortar impuestos como una forma de mejorar sus expectativas electorales. Pese a la reforma fiscal aprobada en esta legislatura, se sigue considerando imprescindible lograr un mayor peso de la imposición indirecta (IVA, impuestos especiales y medioambientales) y limpiar de deducciones los impuestos directos (IRPF y Sociedades), así como abordar reformas en los servicios profesionales y las infraestructuras, implementar a fondo la ley de garantía de unidad de mercado y desarrollar las reformas pendientes en el ámbito judicial.

En materia de demografía, las cosas en España no van bien como lo demuestra que en 2014 nacieran 426.303 niños, 588 niños más que en 2013, un pírrico 0,13% de nacimientos más que en el año anterior, lo que viene a demostrar que esta cuestión no ha estado en el programa de reformas de Rojoy y ello se nota y terminará pasando factura.