Rivera, víctima en un juicio tras haber recibido amenazas de muerte en las redes sociales

Albert Rivera ha reabierto el debate sobre los límites de los comentarios ofensivos en las redes sociales. No es el primer político que denuncia amenazas recibidas en Twitter o en Facebook, una situación que casi se considera normal, aunque también han aumentado los casos en los que se denuncia este tipo de contenidos.

El servicio jurídico de Ciudadanos pide que los comentarios sean clasificados como delito bajo pena de hasta dos años de cárcel. En concreto, Rivera ha hecho referencia a un comentario publicado en Facebook en 2011 con las siguientes frases: "Tardaremos mucho a meterle un tiro en la nuca a este hijo de puta» y "Un tiro en la nuca y todo solucionado".

"En democracia, la libertad no puede quedar marcada por la coacción de una amenaza de muerte", ha asegurado Rivera en declaraciones a los medios, difundidas por 'Antena 3'. El candidato de la formación naranja ha dicho que el objetivo de la denuncia era que no quedara con impunidad y ha destacado que siempre que les amenacen las llevarán a juicio.

"Este tipo de actuación hace que las gente se piense muy mucho eso de ir amenazando por ahí a la gente", ha aseverado.

Los límites de los comentarios

Rivera ha reconocido que ya está acostumbrado a la crítica e incluso el insulto por su trabajo, ya que "va con el sueldo". Sin embargo, ha considerado que "la amenaza de muerte, el tiro en la nuca" tienen que ser juzgados.

También ha instado a debatir hasta qué punto los usuarios se amparan en las redes sociales para poder "amenazar de muerte o coaccionar la libertad".

La denuncia judicial y la condena por amenazas en las redes sociales es más bien reciente. En 2014 se publicó una sentencia considerada como pionera al condenar a una multa a un usuario de Twitter por llamar 'puta sin dignidad' a Cristina Cifuentes.

Ya en 2013, José Antonio Monago ganó una demanda a un internauta que publicó varios insultos en un foro de Internet y que finalmente fue condenado a pagar una multa de 5.000 euros.

Otros políticos que han denunciado públicamente el acoso sufrido en las redes sociales no han llegado sin embargo a acudir a las instancias judiciales. Es el caso de la socialista Elena Valenciano, que en 2013 tuvo que cerrar su cuenta de Twitter porque los insultos fueron escalando y empezaron a dirigirse a su familia, aunque finalmente reabrió su perfil.

El Ministerio del Interior ha manifestado en alguna ocación que no puede haber impunidad en las redes sociales, aunque ha reconocido que no son delito fáciles de perseguir o demostrar debido a que muchas veces es complicado identificar al responsable.