Los activistas conocidos como los '8 de Yesa' fueron encausados por haber atentado presuntamente contra la Guardia Civil durante una protesta contra el recrecimiento del embalse de Yesa, que tuvo lugar en octubre de 2012. Aunque inicialmente, la Fiscalía y la acusación solicitaban penas de hasta 6 años y medio de prisión, durante el juicio, los acusados consiguieron demostrar que la mayoría de las lesiones por las que los agentes de la Benemérita solicitaban las penas de cárcel, eran anteriores a la protesta. Finalmente, los activistas, entre los que se encuentra el diputado de Unidos Podemos, Jorge Luis Bail, han sido condenados al pago de una multa por resistencia a la autoridad, pero ya han anunciado que recurrirán dicha sanción.
Bail ha anunciado este miércoles que tanto él como los otros siete activistas que han sido condenados al pago de una multa van a recurrir porque siguen defendiendo que se trataba de una "manifestación pacífica en la que no hubo provocación". "No hubo ningún tipo de atentado ni ninguna animosidad contra las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Creemos que es nuestro deber como pacifistas y personas no violentas decir que el derecho a la libertad de expresión es inalienable y hay que seguir defendiéndolo", ha asegurado Luis Bail en declaraciones a los medios antes de recoger su acreditación como diputado en el Congreso.
El parlamentario de Unidos Podemos, que forma parte del grupo conocido ya como los '8 de Yesa' que fueron encausados por la citada protesta en Artieda, ha explicado que tienen previsto reunirse próximamente con sus abogados para estudiar cómo van plantear el recurso y cómo puede desarrollarse a partir de ahora el procedimiento.
Aunque finalmente los activistas han sido condenados al pago de una multa, Luis Bail se ha mostrado relativamente satisfecho con la sentencia ya que no implica "cárcel" y se han rebajado los cargos. "Creemos que al final se ha hecho en parte Justicia. Era esperable en cierta parte", ha asegurado.
Tienen intención de recurrir para pedir la absolución, ya que siguen defendiendo que fue una protesta "absolutamente pacífica". "No hubo ningún tipo de atentado de ir contra ellos sino al contrario, fue una carga en medio de un pueblo de un comando de antidisturbios contra una concentración pacífica. Lo que reclamamos es la absolución y que se reconozca que aquello era pacífico, y que no tiene ningún tipo de condena", ha enfatizado.
Bail ha asegurado que la condena no tiene ningún tipo de repercusión en su futura labor como diputado porque no implica cárcel y "no ha sido condenatoria por atentado contra la autoridad". "La condena es a costas y simplemente es una resistencia a esa carga de antidisturbios, que es perfectamente compatible con lo que defendemos. En absoluto va en contra de nuestro código ético", ha apostillado.
Además, ha mostrado convencido de que el caso seguirá en el Tribunal Superior de Justicia de Aragón, a pesar de que él vuelve a ser diputado y, por lo tanto, vuelve a ser aforado, lo que implicaría que debe ser juzgado por el Tribunal Supremo.
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