Las glorias deportivas y sus medallas y diplomas no son el único legado de los recién concluidos Juegos Olímpicos de Río 2016. Hay otro, menos aireado por los medios de comunicación, pero tan real o más y, claro, mucho más negativo. Porque, como informa Amnistía Internacional, al menos ocho personas murieron en operaciones policiales realizadas en la ciudad -que sufrió la excesiva dureza policial- durante los mismos. Como bien reume Atila Roque, el director ejecutivo de Amnistía Internacional en el país: "Brasil ha perdido la medalla más importante que se disputaba en Río 2016: la oportunidad de convertirse en abanderado de los derechos humanos”.
Amnistía Internacional detalla esta violencia oificial en un detallado informe, en el que estima que las autoridades brasileñas han desaprovechado una oportunidad de oro para hacer realidad sus promesas de aplicar en Río unas políticas de seguridad pública que harían de la ciudad un lugar seguro para todas las personas: "La única manera de rectificar algunos de los numerosos errores cometidos durante los Juegos es garantizar la investigación eficaz de todos los homicidios y otras violaciones de derechos humanos cometidas por la policía, y la rendición de cuentas de los responsables ante la justicia".
También se denuncia el aumento de los homicidios cometidos por la policía en 2016, mientras Río se preparaba para saludar al mundo, fueron aumentando mes a mes en la ciudad. Según el Instituto de Seguridad Pública del estado de Río de Janeiro, la policía desplegada en la ciudad mató a 35 personas en abril, 40 en mayo y 49 en junio: un promedio de más de una persona al día.
Durante la celebración de los Juegos (del 5 al 21 de agosto), la policía llevó a cabo constantes y violentas operaciones en varias zonas de Río de Janeiro, entre ellas, Acari, Cidade de Deus, Borel, Manguinhos, Alemão, Maré, Del Castilho y Cantagalo. En esas operaciones resultaron muertas al menos ocho personas (tres en Del Castilho, cuatro en Maré y una en Cantagalo). El índice de muertes podría aumentar, ya que aún no se han confirmado los datos sobre víctimas mortales en otras dos favelas: Acari y Manguinhos.
Constantes violaciones de los derechos humanos
Los habitantes de estas zonas han informado asimismo de otras violaciones de derechos humanos, como invasiones de domicilios, amenazas directas e insultos y agresiones por parte de la policía. La “guerra a las drogas” que libra Brasil, así como el enfoque de las operaciones de seguridad con agentes fuertemente armados, también ponen en peligro a la policía. Al menos dos agentes resultaron muertos en los 10 primeros días de los Juegos.
En la primera semana de los Juegos Olímpicos (5-12 de agosto) se registraron 59 tiroteos en el área metropolitana de Río de Janeiro, con un escalofriante promedio de 8,4 al día (casi el doble que la semana anterior, que había habido 32 tiroteos, una media de 4,5 tiroteos al día). En el mismo periodo, al menos 14 personas perdieron la vida y otras 32 resultaron heridas debido a la violencia armada, según los datos recopilados mediante Cross-Fire, una aplicación informática lanzada en julio por Amnistía Internacional para rastrear la violencia armada en las favelas.
Represión de las manifestaciones
La policía ha reprimido ferozmente a los manifestantes, tanto dentro como fuera de los espacios deportivos. Las manifestaciones públicas y pacíficas celebradas en Río de Janeiro los días 5 y 12 de agosto fueron contestadas con violencia policial, incluido el uso de armas menos letales, como el gas lacrimógeno o las granadas paralizantes; varias personas fueron detenidas. Varias más fueron expulsadas de las zonas de competición por exhibir pancartas o llevar camisetas con mensajes de protesta, lo que vulneró su derecho a la libertad de expresión. En São Paulo, la policía reprimió con dureza una manifestación el 5 de agosto y practicó más de un centenar de detenciones, incluidas las de al menos 15 menores de edad.
Militarización y represión
Amnistía añade que se terminaron los Juegos Olímpicos con unas políticas de seguridad pública todavía más militarizadas, centradas en una represión muy selectiva, en el uso excesivo de la fuerza y en actuaciones policiales equiparables a operaciones de combate en las favelas. "El resultado no deja lugar a dudas: Un índice de muertes en aumento y otras violaciones de los derechos humanos de los residentes, sobre todo los varones jóvenes negros”, afirmado Atila Roque.
Y concluye que de nuevo, el legado de un gran evento deportivo en Brasil se ha visto empañado por los homicidios y abusos cometidos por la policía contra manifestantes pacíficos: "El Comité Olímpico Internacional y otros organismos encargados de organizar actos deportivos no deben permitir que estos eventos se celebren a costa de los derechos humanos de la población”.
Más de 32.000 personas firmaron la acción que Amnistía Internacional puso en marcha en contra de la violencia por parte de las fuerzas de seguridad en Brasil y solicitando que se ponga fin a los homicidios policiales y a otras violaciones de derechos humanos.
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