Federico Trillo y Pedro Gómez de la Serna, dos regresos incómodos a los altos cargos del Estado

El ex ministro de Defensa y ex embajador en Reino Unido, Federico Trillo solicitó hace unos días su reincorporación como letrado al Consejo de Estado, según informa EP. "Si quiere volver a su puesto podrá hacerlo", avanzó ya hace un par de semanas el propio portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, que insistió en que en todo caso, será el Consejo de Estado el que tendría que pronunciarse al respecto.

Trillo, como funcionario, se encontraba en situación de servicios especiales y tenía un plazo máximo de 30 días desde su 'cese' para solicitar el reingreso o de lo contrario quedaría en situación de excedencia voluntaria.

"Cada uno es responsable de sus actos y el señor Trillo es responsable de los suyos", se limitó a aclarar Méndez de Vigo sobre la falta de una disculpa pública a las víctimas que reclamaban los familiares por el caso Yak-42. Los familiares han reiterado en múltiples ocasiones que no querían ver a Trillo en un alto cargo en cumplimiento de su responsabilidad política ya que el propio Consejo de Estado, al que ahora se reincorporará, declaró la “responsabilidad” de la Administración en el accidente en el que murieron 62 personas cuando él se encontraba al frente de Defensa.

Da la casualidad que el día en que se conoce su reingreso en la Administración del Estado, también aparece la decisión del Ayuntamiento de Cartagena, su tierra natal, de declararle 'persona non grata', tal y como publica La Verdad de Murcia.

Por otro lado, el ex diputado del PP Pedro Gómez de la Serna se reincorporó hace unas semanas en su puesto en el Ministerio de Interior, a pesar de estar imputado en la Audiencia Nacional por el supuesto cobro de comisiones ilegales. Tal y como informa eldiario.es, Juan Ignacio Zoido habría intentado frenar su desembarco de forma infructuosa ya que un informe de Función Pública habría concluido que Gómez de la Serna tenía derecho a reincorporarse a su puesto como funcionario del cuerpo de administradores civiles del Estado desde donde se dedica a la asistencia jurídica del ministerio.