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El Estado, merced al Concordato de 1979, sigue manteniendo a los más de 20.000 sacerdotes de la Iglesia
(Foto: EP)

El Estado, merced al Concordato de 1979, sigue manteniendo a los más de 20.000 sacerdotes de la Iglesia

> Duro y detallado informe de Europa Laica sobre la campaña de los obispos en torno al último IRPF y la "subvención pública" de 250 millones que sale de los Presupuestos estatales

sábado 18 de marzo de 2017, 09:04h
Es de las pocas normativas importantes que siguen en vigor dede hace casi cuatro décadas. El Concordato que firmó España y el Vaticano en 1979 supone una enorme carga para el Estado, que le obliga a mantener "el sostenimiento económico" de la Iglesia. Han pasado los años y ningún gobierno ha derogado este acuerdo en un estado no confesional, lo que da lugar a que, por ejemplo, de los impuestos de los españoles hayan salido en 2016 cerca de 250 millones para los 113 obispos y cardenales, 20.000 sacerdotes y otros gastos eclesiásticos. Así lo denuncia en un detallado y preciso informe la organización Europa Laica.
Las opiniones son libres y subjetivas, mientras que los datos objetivos son indiscutibles. Bajo ese concepto, Europa Laica, a través de uno de los miembros de su Junta Directiva, Enrique Ruiz del Rosal, de la Asociación de Rivas Vaciamadrid, ha elaborado un detalladísimo informe en el que senuncia que ue Un año más nos encontramos puntualmente con la campaña propagandística de la Iglesia católica (Ic, en adelante) "ante un nuevo intento para mantener la atención mediática de l@s ciudadan@s (en abril será la campaña “Por tantos” y en junio la Memoria de actividades), en relación con la declaración de voluntad de l@s declarantes del IRPF, para que el Estado (tod@s l@s contribuyentes) subvencione sus actividades de culto y clero. Un documento que se basa en los siguientes puntos:

1.- Sigue causando estupor, mezclado con vergüenza, que no se publiquen previamente en las estadísticas oficiales de la Agencia Tributaria las escasas cifras que sí obran en poder de la Corporación católica: es la Administración Pública la que debería ofrecer dicha información como corresponde, al ser la Ic la beneficiaria de esta cuantiosa subvención pública: 249,16 M€ (más de 41.000 millones de las antiguas pesetas). ¿Por qué esta información no es de conocimiento público? ¿A qué obedece este privilegio?

2.- Debemos afirmar categóricamente que la subvención que recibe la Ic por este concepto, sale de los Presupuestos Generales del Estado, como no puede ser de otra forma. Si como dice la propaganda de la Corporación católica, el contribuyente que marca la “X” no tiene que “pagar más ni se le devuelve menos” o “¡Marca la X, si no te cuesta nada!” ¿de dónde otro sitio puede salir que no sea de los Presupuestos, es decir del bolsillo de tod@s l@s ciudadan@s? Los impuestos no “pertenecen” al ciudadano, sino al Estado, para proporcionar (supuestamente) servicios de interés general. Por tanto, en realidad, todo es gasto presupuestario.

En segundo lugar, no ignoran los jerarcas católicos que el artículo II del Acuerdo concordatario sobre Asuntos Económicos, de 1979, compromete (obliga) al Estado “a colaborar con la Iglesia en la consecución de su adecuado sostenimiento económico”. Por tanto, mientras siga vigente dicho Acuerdo, el Estado viene obligado a mantener a 113 obispos y cardenales, 20.000 sacerdotes, seminarios, congresos, 23.000 parroquias y demás gastos de los denominados “de culto y clero”, independientemente de las “X” que marquen l@s contribuyentes. El eslogan de campaña de los obispos, para hacer honor a la verdad, debería ser: “No importa que marques la casilla, porque el Estado (todos los contribuyentes) nos tiene que sostener obligatoriamente”.

3.- Una año más, la interpretación que de las cifras realiza la Conferencia Episcopal (CEE) oculta una terca realidad: a pesar de todo su aparato propagandístico y mediático y de los recursos económicos que obtiene del Estado, en torno al 65% de l@s declarantes (el 65,07, en 2015, el 65,12, el año anterior) sigue sin señalar la casilla de la Iglesia, como viene siendo habitual en la última década. En el lenguaje episcopal, si el 35% de l@s declarantes está “a favor de la Iglesia”, hay un 65% que estaría “en contra”.

4.- De la declaración del IRPF realizada en 2016, correspondiente a la renta de 2015, los dos únicos datos que se ofrecen(aparte de los datos por Comunidades Autónomas y por edad y sexo) son, el número total de declaraciones con “X” a favor de la Ic (7.347.612 declaraciones) y la correspondiente cantidad asignada a su favor por este motivo (249.162.061 euros, más de 41mil millones de las antiguas pesetas), lo que lleva a subrayar de forma menos triunfalista que el año anterior (en la propaganda de este año sólo se habla de ligero aumento) que han aumentado las declaraciones “a su favor” en 55.841. Sin embargo, ya no puede declarar la CEE, como el año pasado, que han superado “los 250 M€ de ingresos por esta vía desde que comenzó la crisis”, dado que vuelve a situarse por debajo de esa cantidad. Aunque esta última afirmación fuera, sencillamente, falsa puesto que en la declaración realizada en 2009, correspondiente al IRPF de 2008, ambos años ya en plena crisis, se recaudaron 252,6 M€.

No podemos olvidar que esta subvención es casi el doble de las ayudas estales a sectores en crisis como el naval, el pesquero y el agroalimentario juntos.

5.- Se señala tímidamente en la propaganda episcopal que desciende la recaudación en 1,1 M€ respecto al año anterior, pero pretende compensarlo afirmando falsamente que “desde el comienzo del sistema de Asignación tributaria (2006) ha aumentado el número de declaraciones con asignación a la Iglesia católica en más de 864.000”. ¿Manipulación o incompetencia episcopal? El Acuerdo con el nuevo sistema entró en vigor el 1 de enero de 2007, por lo que el nuevo porcentaje del 0,7% no podía ser aplicable a la renta de 2006, sino a la de 2007 en la declaración efectuada en 2008. Por eso en 2007 se incrementa la recaudación de los obispos un 39% con el nuevo sistema, es decir 68 M€ más que el año anterior. En realidad, desde que está vigente el nuevo sistema (renta 2007) la Ic “ha aumentado el número de declaraciones” en 389.600. Pero esta cantidad no deja de ser otra pequeña trampa, porque en realidad, desde 2010, la Ic ha visto disminuir el número de declaraciones a su favor en 107.211. En todo caso, es indudable que al sistema de financiación de la Iglesia católica no le ha afectado la crisis.

6.- Un año más siembra confusión la propaganda episcopal, a propósito de la aplicación del dinero recibido por esta vía (IRPF). En la nota oficial que figura en la web de la Conferencia Episcopal se menciona, en relación con la subvención estatal correspondiente al IRPF, aunque con bastante menos énfasis que el año anterior, “la actividad evangelizadora, social y caritativa“. Nada más lejos de la realidad.

El 86% de la cantidad enviada por el Estado se dirige a las diócesis (215 M€) y el 80% de esta cantidad (173 M€) se emplea en pagar los sueldos y salarios del sacerdotes obispos, cardenales y arzobispos así como sus seguros sociales. Otras rúbricas importantes financiadas con esta subvención estatal de 250 M€ son, el funcionamiento de la conferencia Episcopal o las facultades eclesiásticas o la Pontificia de Salamanca, o los 5 M€ de las campañas de propaganda. Pero no busque estos datos en la información aportada por los obispos, puesto que no informa de ello. Deberá consultar los Presupuestos del Fondo Común Interdiocesano para 2015. Por tanto, en contra de lo que afirma la nota propagandística de los obispos, las cantidades succionadas de los Presupuestos estatales no se dedican ni a actividades pastorales ni a obras sociales o caritativas, sino a gastos más pedestres.

Debe resultar tan acusadora esta situación para la jerarquía católica (el hecho de que las tres cuartas partes de lo enviado a las diócesis se vaya en sueldos del clero) que esta información la han hecho desaparecer de las últimas Memorias de Actividades publicadas.

7.- Pero ésta no es la única financiación anual que recibe la Ic del Estado: exenciones y bonificaciones fiscales, (IBI, ICIO, etc), las “X” de Fines Sociales, los conciertos educativos con 2450 centros católicos, conciertos sanitarios con 68 hospitales, 52 dispensarios u 841 casas de ancianos o discapacitados, catequistas que imparten religión en las escuelas públicas, mantenimiento del patrimonio religioso, y así hasta alcanzar más de 11.000M€, es decir más del 1% del PIB español.

8.- Todo esto sucede ante la pasividad del poder político de turno, incapaz de fiscalizar las cuantiosas exenciones y subvenciones recibidas por la Iglesia. Está por ver que el Tribunal de Cuentas, tan eficiente en la fiscalización de las cantidades recibidas por partidos políticos o sindicatos, se atreva (más bien, reciba instrucciones de algún Gobierno de España) a fiscalizar las cuentas de la Iglesia católica porque, como algún miembro de dicho Tribunal advirtió, “es muy posible que la Iglesia esté obteniendo un enriquecimiento injusto con esta forma peculiar de financiación”.
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