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El fiscal Anticorrupción quiere ahora 'matar al mensajero' y se queda solo
(Foto: Juan Luis Jaén / Mdo)

El fiscal Anticorrupción quiere ahora 'matar al mensajero' y se queda solo

> Hasta el Gobierno se desmarca de la última polémica de Manuel Moix
> El Consejo Fiscal rechaza por 9 votos a 3 destituirle como pidió el sector progresista

jueves 04 de mayo de 2017, 17:38h
La última polémica protagonizada por el fiscal Anticorrupción, Manuel Moix, tiene a la prensa en el punto de mira. Moix ha propuesto abrir el debate sobre la implantación de sanciones a los medios que publiquen filtraciones de sumarios judiciales secretos y ya ha encontrado no sólo a la profesión periodística en frente sino también al propio Gobierno.

Coincidiendo con el día en que el ministerio fiscal ha rechazado, por 9 votos a 3, pedir al fiscal general del Estado, José Manuel Maza, que destituya al jefe de la Fiscalía Anticorrupción, Manuel Moix, por los últimos escándalos relacionados con sus injerencias en la 'Operación Lezo' y el caso del 3%, donde intentó apartar a los fiscales, Moix ha vuelto a crear polémica.

En una entrevista concedida a ‘Onda Cero’, el fiscal Anticorrupción se mostró partidario de “iniciar un estudio” sobre posibles medidas a adoptar con el fin de evitar o reducir los casos de sumarios secretos que ven la luz a través de la prensa. En concreto, Moix puso como ejemplo el caso de Alemania en el que se sanciona a los medios que publiquen información sensible.

“Quizá el problema que tenemos en España es que no hay un medio eficaz de luchar contra ellas, porque no hay una sanción prevista, salvo que se averigüe quién es el filtrador. En otros países, como Alemania, se sanciona directamente al medio de comunicación. A lo mejor, si nos planteamos esa posibilidad habría menos filtraciones y se perjudicaría menos al estado de Derecho”, sostuvo al ser preguntado por las filtraciones de la 'Operación Lezo'.

Esta propuesta ha sido firmemente rechazada por la profesión periodística y también desde el Gobierno.

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha tenido que desmarcarse de Moix -hasta ahora le había defendido tras los escándalos- asegurando que es necesario encontrar un equilibrio entre el derecho a la información y el derecho a la intimidad de las personas, pero “no debe hacerse por la vía de las sanciones”. Catalá que ya en 2014 propuso un debate similar al que ahora propone el fiscal Anticorrupción tuvo entonces que recular por no encontrar el apoyo en el resto del Ejecutivo.

Tampoco prosperó en su día el proyecto de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que quiso promover Alberto Ruiz Gallardón en su etapa de ministro de Justicia que también preveía sanciones a los medios que publicaran filtraciones.

La prensa, en contra


Desde la Asociación de la Prensa de Madrid (APM) se ha criticado “cualquier intento de imponer sanciones a los medios de comunicación por publicar filtraciones sobre casos de investigación judicial”.

“Lo reprobable en estos casos es que la filtración la realice el servidor público, el funcionario, juez, fiscal o también el abogado, no que los medios la publiquen en el ejercicio del derecho de información. Los medios cumplen con su deber informando. Es a los filtradores a los que habría que sancionar, como ya prevé la ley”, añadió la APM en un comunicado en el que defendió el derecho constitucional a la información veraz, que esté contrastada con diligencia y que sea de interés público.
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