Todos ellos tienen claro que se han limitado a reclamar sus derechos, aunque a la par denuncian, como publica AraInfo que no se están interesando por ellos: "Hemos visto con nuestros ojos a personas palestinas que les dejan entrar a España pero a nosotros nos lo deniegan”. Reclaman que no debe olvidarse que el Sáhara fue una colonia española, como su segundo idioma. "Hemos gastado mucho dinero para llegar hasta aquí y nos ha costado mucho trabajo cruzar la frontera con Argelia y al final nos tratan de esta manera denegándonos nuestro derecho a pedir asilo político”.
No sólo el Ejecutivo es el que no les atiende, sino que tampoco los grupos políticos, a excepción de Izquierda Unida Federal, que en un comunicado exige exigir que el Gobierno "garantice una solución que respete los derechos” de las 54 personas saharauis que se encuentran en Barajas. Para IU, su situación “pone de relieve las inaceptables condiciones de los espacios habilitados para la permanencia de las personas demandantes de asilo, tal y como han denunciado en repetidas ocasiones organizaciones como la Comisión Española de Ayuda al Refugiado”.
Según IU, no puede obviarse que estas personas vienen de los campamentos saharauis de Tinduf, donde viven decenas de millares de personas refugiadas desde la ocupación marroquí del Sáhara Occidental en 1976: "En mitad del desierto argelino, estos campamentos dependen de la ayuda humanitaria para subsistir y desde la llegada del Partido Popular al Gobierno, en 2011, se ha recortado en más de un 70%”.
La formación política denuncia que estos recortes “han desencadenado una situación de emergencia humanitaria en los campamentos saharauis, donde se han generado situaciones de escasez de recursos alimentarios o sanitarios básicos”. “Esto es especialmente grave -apostilla- teniendo en cuenta la responsabilidad histórica del Estado español en la situación de exilio que sufre el pueblo saharaui, dado que, como potencia ocupante legal, no ha efectuado una descolonización efectiva del territorio”.
Para IU, en consonancia con las demandas de las autoridades saharauis, “la solución de este problema debe ser política, y el Estado español debe trabajar para conseguir la plena autodeterminación del pueblo saharaui, en línea con las resoluciones que viene aprobando la Asamblea General de la ONU desde 1991”.
Y recuerda la responsabilidad directa del Gobierno de España en la situación concreta de estas personas, que huyen de la emergencia generada, "en primer lugar, por la ocupación del Sáhara Occidental, que los obliga a vivir como refugiados en el desierto argelino y, en segundo lugar, por los recortes en políticas de cooperación, que les han llevado a una situación de emergencia humanitaria”.
De ahí la clara exigencia de Izquierda Unida para que el Ejecutivo del PP “garantice una solución a esta situación que respete los derechos de estas 54 personas, pero sobre todo cambiar su política exterior para que el pueblo saharaui pueda vivir en paz y dignidad”.
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