Hay que hacer lo que se debe

Hace algunos días el presidente Rajoy parecía lamentar que ciertos políticos catalanes, encaramados en puestos dirigentes de acuerdo con el sistema constitucional, se comportaban de tal manera que le obligaban a hacer lo que no deseaba. Tanto es así que se está viendo obligado a que se haga lo que se debe, sea o no lo que desee. Así lo hacen los jueces, los fiscales o los guardias civiles, en Cataluña o en cualquier lugar donde se pretenda conculcar la legalidad vigente. Todos los poderes del Estado desempeñan funciones para cumplir y hacer cumplir la Constitución haciendo lo que se debe y no lo que se desea.

Que no se llame a engaño. El apoyo que merece por parte de todos es para que haga lo que debe para mantener ese bien moral que es la unidad de España, aunque tenga que soportar insultos, calumnias o ingratitudes. Cuando pase el primero de Octubre y el ataque a la legalidad haya sido contratacado eficazmente, como sería de desear, no tendrá el aplauso unánime ni de sus adversarios ni de sus actuales aliados. Pedro Sánchez volverá a pedir que se dialogue o se negocie con quienes no quieren dialogar ni negociar. Pablo Iglesias seguirá cultivando las malas hierbas de la traición y la demagogia. Ada Colau seguirá intentando navegar entre dos aguas. Nadie va a premiar su conducta ni que sus maneras hayan sido excesivamente prudentes o duras. Pero lo único que le van a agradecer toda clase de personas y, quizá, hasta los nacionalistas, es que haya descabalgado de sus monturas oficiales a esos personajes de tercera división que se han atrevido a desafiar al Estado e intentar romper España sin capacidad para tal disparate y haciendo perder el tiempo y el dinero a todos los ciudadanos de nuestra nación.

Estos personajes que se presentaron ridículamente enlutados para presentar como represión lo que solo era el cumplimiento de un mandato judicial dentro de un Estado de Derecho, han perjudicado la imagen exterior de España y sembrado la intranquilidad, la división y el miedo en los hogares y familias del país, incluyendo a Cataluña, sin otro beneficio que sembrar odio y confusión entre las gentes. Estos personajes que se pusieron unas grotescas corbatas negras no pretendían otro delirio que desposeer a los catalanes de una nacionalidad robusta para someterlos a los caprichos de una república de chichinabo. No han tenido escrúpulos en predicar la fractura de una unidad política superior con calidad y categoría para convivir en el planeta con niveles de progreso y bienestar. No han tenido escrúpulos para agrietar los vínculos de solidaridad para intentar volatilizar la idea de España y sustituirla por un mosaico de tribus enfrentadas, con peligro para la seguridad y la economía de sus habitantes y para el equilibrio de Europa en tiempos conflictivos y de amenazas terroristas.

Desplazar de los pedestales desde los que abusaron del rango oficial de sus funciones a esta tropa tóxica es la tarea que debe hacer quien está en posición de poder hacerlo. Es una tarea de limpieza democrática en la que se cuenta con la opinión mayoritaria nacional e internacional, por encima de cálculos y estrategias electorales o conveniencias partidistas. Este gobierno tiene la suerte y la responsabilidad de contar con la conjunción de todos los poderes del Estado para llevar a cabo su tarea. Los vapores hediondos de la demagogia no han conseguido corromper, hasta ahora, las virtudes de rectitud y disciplina de los instrumentos operativos del Estado. La subversión antisistema no pasa, por ahora, de ser una caricatura de sí misma. Por ello no hay ningún pretexto válido para no hacer todo lo que se debe hacer desde la autoridad legítima de un Estado.

El futuro no está escrito pero no hay que tener dotes proféticas para intuir que, tras el primero de Octubre, en Cataluña seguirá habiendo varios partidos separatistas, minoritarios, mal avenidos y desnortados con los que habrá que coexistir civilizadamente pero sin permitirles volver a plantear desafíos a la legalidad tan peligrosos como el pretendido referéndum unilateral urdido desde las covachuelas de poder oficial con apariencias de legitimismo. Lo que no se debe volver a repetir es que nadie pueda actuar como “okupas” desde las instalaciones del Estado de las Autonomías. No se debe volver a permitir que gentes desculturizadas y desleales abusen de la representación conseguida engañosamente de la voluntad de unos votantes a los que no se les propuso la ilegalidad, la subversión y el desajuste social y económico como caminos hacia una confrontación catastrófica. Unas autoridades fuera de la ley que azuzan al pueblo a expresarse sin ley en la calle son institucionalmente incompatibles con un sistema democrático con el cual se han comprometido al acceder a sus cargos.

Los problemas latentes en Cataluña no se solucionaran dialogando con quienes han emprendido el camino de la desobediencia a los tribunales y la marcha hacia la sedición y la rebeldía. Tras el primero de Octubre ni se van a constituir las patéticas asambleas de traidores que propone Podemos ni tampoco darán frutos apetitosos para los separatistas las comisiones parlamentarias imaginadas por Pedro Sánchez desde fuera del Parlamento. Tras el primero de Octubre, el peso de las frustraciones pondrá en evidencia la sinrazón delictiva del separatismo. La gran mentira se volverá contra sus autores y quizá por ello la sociedad catalana podrá librarse de las anteojeras que le han fabricado los que les presentaban la fácil y próspera falacia del independentismo y recuperen el realismo político.

Esta batalla se ganará si se actúa sin miedo haciendo lo que se debe hacer. Es más importante ganarla que unas elecciones o que la prórroga de un mandato. Es un reto histórico al que hay que hacer frente desde la responsabilidad de los poderes del Estado y cueste lo que cueste. No se puede descansar en la voluble opinión de los partidos que actúan como apoyos ocasionales ni en la inmutabilidad de los cuerpos colegiados que sentencian por mayoría. Hay una responsabilidad solitaria de quien lleva el timón con un pulso personal intransferible que es, a la vez, un honor y un sacrificio. Las exigencias del patriotismo son individuales y en ellas reside la moral para mantener el derecho de los más contra la particularidad de los menos. Es una responsabilidad gloriosa que no perdona a quien no tenga el valor de estar a la altura de las circunstancias. Las circunstancias no son un ataque contra el Partido Popular, ni contra un gobierno ni contra los partidos constitucionalistas, ni contra la Constitución vigente, ni contra Mariano Rajoy en particular. Es un ataque contra la vida de España como tal y el deber de repelerlo es la servidumbre y grandeza que pesan sobre aquel a quien le ha correspondido gobernar al conjunto de los españoles en estos días.