UGT y CCOO no están negociando con el Gobierno ninguna reforma laboral y desmienten las informaciones que apuntan en esa dirección. El Plan Presupuestario 2018, enviado por el Gobierno a Bruselas el pasado lunes, incluye algunas medidas de carácter laboral pero no están siendo negociadas con los interlocutores sociales, según afirman en un comunicado en el que explican que únicamente recibieron del Ministerio de Empleo, en el mes de septiembre, un listado de materias que todavía no se han abordado.
La ministra Báñez, a petición de los interlocutores sociales, planteó un listado de materias con propuestas para las mesas de diálogo social abiertas que aún no se han convocado. Por tanto, UGT y CCOO aseguran: "No hay negociación en marcha y ambos sindicatos mantenemos nuestra exigencia de derogar las reformas laborales de 2010 y 2012 para restablecer el equilibrio roto en el sistema de relaciones laborales, y a partir del cual retomar la recuperación de derechos en nuestro marco laboral y derogar y modificar los aspectos lesivos de las anteriores reformas. En especial, es necesario acabar con la dinámica de la precariedad, estableciendo otros parámetros de estabilidad en el empleo y acabando con el despido barato y libre".
El mercado de trabajo se encuentra en una situación de desprotección que hay que atajar porque el 14% de las personas con empleo están por debajo del umbral de la pobreza y casi una tercera parte (32,6 %) de la población pobre, en edad de trabajar, lo continúa siendo a pesar de tener un empleo remunerado, recuerdan las plataformas sindicales. Además, con una temporalidad cercana al 30%, España es el segundo país de la UE con una tasa más elevada de temporalidad.
Por tanto, para CCOO y UGT es imprescindible negociar medidas que fomenten la contratación indefinida y penalicen y persigan la contratación temporal sin causa.
En este sentido, medidas como el contrato temporal con indemnización creciente, incluida en el Plan Presupuestario, los sindicatos consideran que no es sino una modalidad del contrato único descausalizado, que no tiene cabida en nuestro derecho laboral, y que las propias instituciones de la UE habían abandonado.
UGT y CCOO denuncian que la situación actual es de incumplimiento legal masivo por parte de las empresas, pero consideran que "la solución no es cambiar la ley al antojo de las empresas defraudadoras, sino impedir el fraude mediante nuevos mecanismos legales, por lo que una forma de ponerle coto a la temporalidad fraudulenta es por un lado incrementar la indemnización de los temporales legales –lo que exige un incremento de cotizaciones para los contratos temporales- y un control real y exhaustivo de la temporalidad por parte de la Inspección de Trabajo".
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