La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha reclamado a la juez Carmen Lamela que dicte una Orden Europea de Detención y Entrega (OEDE) o euroorden contra el ex president de la Generalitat, Carles Puigdemont y los 4 ex consejeros que se encuentran en Bruselas y no han acudido a declarar a la Audiencia Nacional. Puigdemont, y los ex consejeros de Cultura, Salud, Educación y Ganadería, Pesca y Alimentación, Lluís Puig, Antoni Comín, Clara Ponsatí y Meritxell Serret, respectivamente, debían acudir a declarar tras haber sido acusados de los delitos de rebelión, sedición y malversación.
Ante la ausencia de Puigdemont y los 4 ex consejeros, la Fiscalía ha reclamado a la juez de la Audiencia Nacional que dicte una orden europea de detención y entrega, por haber hecho "caso omiso" a la citación judicial, a la que aseguraron que no acudirían. La juez decide esta tarde qué medidas cautelares impone a Puigdemont y los 4 ex consejeros, así como al resto de miembros del Govern cesado, para los que la Fiscalía ha pedido pedido prisión incondicional.
De aceptar la petición de Fiscalía, la Audiencia Nacional dictaría una euroorden que obligaría a las autoridades belgas a detener a Puigdemont y sus ex consejeros. Estos serían puestos a disposición de un juez , que decidiría sobre su puesta en libertad o envío a prisión, mientras resuelve sobre la ejecución de la orden de detención y entrega.
Las órdenes europeas de detención facilitan y reducen los trámites burocráticos entre los estados miembros. Si Puigdemont y los 4 ex consejeros, Lluís Puig, Antoni Comín, Clara Ponsatí y Meritxell Serret, aceptan voluntariamente su entrega a España, ésta se haría sin más complicaciones. En caso contrario, la decisión la tomaría la Cámara del Consejo de Bruselas en un plazo de 15 días.
La decisión de la Cámara del Consejo belga es recurrible en apelación, por lo que podría abrirse otro plazo de 15 días, y también puede ser apelada ante la Corte de Casación, que dispondría del mismo plazo para pronunciarse. El juez que instruya el caso podría requerir el envío de información complementaria a las autoridades españolas, en el caso de considerar que la información de la orden de detención no es suficiente.
En cualquier caso, si las personas requeridas no aceptan la orden, la decisión debe tomarse en un plazo máximo de 60 días tras su detención. La ley belga reconoce una serie de supuestos en los que la orden de detención y entrega puede ser rechazada, y entre ellos se encuentra la vulneración de los derechos fundamentales de la persona reclamada.
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