La coalición electoral Junts per Catalunya ha registrado este viernes en el Parlament su propuesta de reforma de la ley de presidencia para tratar de celebrar la investidura de Carles Puigdemont a distancia. ERC no se ha sumado a esta propuesta al considerar que podría servir para prolongar la aplicación del artículo 155 en Cataluña, ya que el Gobierno ha dejado claro que mantendrá en vigor su aplicación hasta que sea investido un candidato libre de procesos judiciales.
El bloque independentista empieza a dejar de serlo. Junts per Catalunya sólo contempla la investidura de su candidato, el ex president Carles Puigdemont, y para ello están dispuestos a tratar de cambiar la ley de presidencia. Esquerra Republicana ha rechazado sumarse a esta propuesta de reforma que permitiría una investidura a distancia, ya que consideran que serviría para prolongar la aplicación del 155 en Cataluña.
Junts per Catalunya ha pedido a la Mesa del Parlament que la reforma se tramite por la vía exprés del procedimiento de lectura única. Su idea con esta reforma de la ley de presidencia no es otra que evitar el veto previo del Tribunal Constitucional a la investidura de Puigdemont.
En concreto, la reforma pretende ampliar un párrafo en el artículo 4.2 de la ley de presidencia, que regula los supuestos en los que el president puede ser investido por vía telemática.
Aunque el Tribunal Constitucional aún no se ha pronunciado sobre el recurso del Gobierno contra la investidura de Puigdemont, sí fijó como medidas cautelares la obligación de que la investidura fuera presencial y con autorización del Tribunal Supremo. Con estas medidas, Puigdemont debería entregarse a la Justicia, por lo que previsiblemente sería enviado a prisión y su investidura sería imposible.
Precisamente este viernes, los letrados del Parlament han aclardo que la cuenta atrás para la investidura no ha comenzado ya que aún no se ha pronunciado el Constitucional. Sin embargo, han dejado en mano del presidente del Parlament, Roger Torrent la activación de ese plazo o bien la convocatoria de un Pleno en el que se daría cuenta del bloqueo institucional.
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