El Gobierno rescata la sanidad universal tras la etapa del PP: "Vamos a devolver el derecho a la salud a todos"

Al final, antes que los retoques a la reforma laboral, la posible derogación de la ley mordaza y otras promesas anunciadas como prioritarias, el Gobierno se ha puesto manos a la obra con otro asunto de vital importancia: la sanidad pública.

Tras la reunión del segundo Consejo de Ministros de la era Sánchez, Isabel Celaá, la ministra de Educación y portavoz del Gobierno, ha anunciado que el Ejecutivo va a recuperar la universalidad en el Sistema Nacional de Salud (SNS) con uan reforma.

Lo hará a través de un real decreto, siempre controvertidos, pero que intentará no suscitar polémicas y que planea sustituir el dictado por el Gobierno Rajoy en 2012. Ese permitió suprimir la universalidad y muchos sin papeles no tenían derecho a ello. Como es sabido, varios ejecutivos autonómicos, por su cuenta, aprobaron normas regionales para garantizar este derecho, pero el Gobierno de Rajoy se iba saliendo con la suya en el Constitucional alegando invasión de competencias.

Celaá lo explicó así: "Vamos a devolver el derecho a la salud a todas las personas. Tenemos que actuar con otro real decreto para proceder a la eliminación del Real Decreto 16/2012 y devolver a todas las personas su derecho a la protección a la salud". Recordó que Rajoy dejó "sin asistencia sanitaria integral a personas en situación administrativa irregular".

Expertos médicos han incidido en estos 6 años de decreto que la salud pública ha empeorado al no poder atenderse las necesidades sanitarias de muchas personas enfermas que, igualmente, residen en España pero sin derecho a los servicios de salud públicos. Por ejemplo, se citaron casos como las gripes y fuertes resfriados, entre otras afecciones y enfermedades, que pueden provocar pequeñas plagas o epidemias.

No es una sorpresa, puesto que al tomar posesión del cargo la nueva ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, Carmen Montón, ya avanzó que sería su intención. La avalaba su paso por la consejería de Sanidad del Gobierno valenciano, donde se trabajó en esa línea: excluir a las personas sin papeles no beneficia al sistema sino que además perjudica la salud de todos.