El Gobierno de Pedro Sánchez ya tiene su primera crisis en aceptación ciudadana: el traslado que prepara para los presos del procés soberanista catalán, que serán llevados a cárceles de su tierra, y el acercamiento de los presos de ETA. Ambas decisiones se encontrarán una fuerte oposición por los principales partidos rivales, PP y Ciudadanos, y se han interpretado en clave de cesiones a los partidos independentistas y nacionalistas por su apoyo en la moción de censura a Rajoy, que permitió a Sánchez ser presidente. El PSOE defiende otra cosa.
Los socialistas, en concreto, consideran que son decisiones que se ajustan a la legalidad y que una vez disuelta la organización terrorista ETA, por ejemplo, no tiene sentido continuar con la política de dispersión de sus presos, además de que esta decisión se hará de manera individualizada en cada caso. Las víctimas del terrorismo etarra ya están preparadas para salir a la calle y contarán con el apoyo de PP y Ciudadanos para venderlo como una cesión intolerable a los violentos a cambio de apoyos en Madrid.
El Ministerio del Interior está ultimando ya los primeros acercamientos de presos etarras al País Vasco. Los movimientos, añade el diario, no serán en bloque, sino individualizados, y los candidatos serán propuestos por las juntas de tratamiento de las prisiones. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, reiteró ayer que el Ejecutivo aplicará la Ley penitenciaria de forma "individualizada", sobre el principio de "legalidad y con "transparencia".
Las víctimas, indignadas
La presidenta de la Fundación de Víctimas del Terrorismo, la 'popular' Mari Mar Blanco, hermana de Miguel Ángel Blanco, ya avisó de que "la memoria y el sacrificio no se vende" y que espera que el Ejecutivo de Sánchez "no humillen su dignidad". Advirtieron de que habrá movilizaciones en la calle y consideró que cualquier medida especial hacia estos presos debe estar condicionada a que los etarras se hayan arrepentido y hayan mostrado interés en colaborar con la Justicia, algo que considera que no sucede.
Por su parte, la presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), Maite Araluce, calificó de "preocupante" que el "primer pronunciamiento" del presidente del Gobierno haya sido "preocuparse primero" de los terroristas de ETA y no de las víctimas. La presidenta de honor de la misma asociación, Ángeles Pedraza, consideró "indecente" la postura.
Cataluña
En cuanto al traslado de presos preventivos catalanes, todos ellos con cargos políticos, el Gobierno, a través de Instituciones Penitenciarias, ha preguntado ya al juez Pablo Llarena si tiene previstas más diligencias sobre ellos para poder proceder al traslado a prisiones catalanas. Todos los líderes independentistas están en prisión preventiva acusados de rebelión y malversación de fondos. Según destaca hoy el diario 'El País' en portada, se trata del primer paso para iniciar el proceso de acercamiento.
Precisamente ERC le recordaba ayer a Sánchez, en la sesión de control parlamentario el Ejecutivo, que "con buenas palabras y palmaditas, llamadas, cenas y promesas de cargos" los republicanos no se van a olvidar de "los 9 secuestrados en Estremera, Alcalá Meco y Soto del Real".
Los 9 políticos catalanes presos son en estos momentos Oriol Junqueras, Jordi Turull, Joaquim Forn, Raül Romeva, Josep Rull, Dolors Bassa, Carme Forcadell y los activistas Jordi Cuixart y Jordi Sànchez. Otros están requeridos por la Justicia española y huidos por distintos países de Europa, tales como Carles Puigdemont o Marta Rovira.
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