Poco le ha durado la euforia al PP por el asunto de la tesis de Pedro Sánchez: la Sala II del Tribunal Supremo ha solicitado hoy formalmente a la Fiscalía que se pronuncie sobre si debe o no imputar a Casado por presuntas irregularidades en su máster de Derecho Autonómico, cursado en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid (URJC).
Es un primer paso de trámite del Supremo antes de tomar su decisión final y tras trasladarle el caso la jueza madrileña Carmen Rodríguez-Medel, que no pudo imputar directamente a Casado por ser un aforado, en su condición de diputado nacional.
Para tomar la decisión, la Fiscalía tiene en su mano un escrito de alegaciones que Casado ha presentado con 28 folios, adelantó 'El Independiente', en los que argumenta que no cometió ningún delito, en su caso, haber recibido algún trato de favor por ser político o algún cambio en las notas para obtener el título. Por tanto, los presuntos delitos por los que podría ser imputado Casado serían de cohecho y prevaricación.
El magistrado que está al frente de la Sala de lo Penal del Supremo es Manuel Marchena, un magistrado de corte conservador nombrado en su día por voto del Gobierno del PP, siendo además ponente de la condena a Baltasar Garzón por el caso de las escuchas a los abogados del 'caso Gürtel'. También fue el ponente de la condena contra a Juan María Atutxa por no disolver el grupo abertazle en el Parlamento vasco.
Rodríguez-Medel envió la pieza razonada al Supremo diciendo de Casado que "podría existir indiciaria responsabilidad penal". El resto de estudiantes imputados ya lo están por no ser aforados.
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