Tempus fugit. El tiempo corre mientras que el Brexit no parece tener un rumbo claro salvo que el 30 de marzo Reino Unido deja de ser miembro de la Unión Europea. En la inseguridad de lo que vaya a suceder, la Unión Europea está obligada a preparar una salida y así lo está haciendo. Esta preparación constituye a nuestro juicio el verdadero Plan B.
El aplazamiento de la decisión que debe tomar el Parlamento Británico sobre el Acuerdo de Retirada ha aumentado la incertidumbre que rodea a este proceso. La Unión Europea consciente de que la retirada de la Gran Bretaña de la Unión será efectiva en poco más de 100 días y de que el Reino Unido puede revocar unilateralmente la notificación de su intención de abandonar la Unión Europea se ha visto obligada a realizar un Plan B en la seguridad de que el abandono de la Unión por parte del Reino Unido causará importantes perturbaciones “a las empresas, a los ciudadanos europeos y a los Estados Europeos” a quienes ha pedido “que se preparen para todos los supuestos posibles, que evalúen los riesgos pertinentes y que planifiquen sus respuestas con el fin de mitigar sus consecuencias”.
La Unión Europea debe actuar y lo ha hecho el 13 de noviembre poniendo en marcha un “Plan de Acción de Contingencia” y lo ha vuelto a hacer el 19 de diciembre con una comunicación titulada “Preparación de la Retirada del Reino Unido de la Unión Europea el 30 de marzo de 2019” que no es sino la aplicación de aquel Plan de Acción de Contingencia. Esta actuación la realiza el Ejecutivo europeo, la Comisión por encargo del Consejo Europeo, reunión de Jefes de Estados y de Gobiernos celebrada el 30 de diciembre de 2018, en la que se incluyó textualmente la siguiente frase: “El Consejo Europeo pide que se intensifiquen los trabajos relativos a la preparación para las consecuencias de la retirada del Reino Unido a todos los niveles, teniendo en cuenta todas las posibilidades.”
Se trata de la adopción de una serie de medidas de carácter temporal adoptadas unilateralmente en función de los intereses de la Unión, que pueden ser revocables y que responden a los Tratados y al Derecho de la Unión. Sobre esta cuestión se incluye un párrafo muy interesante para España porque en este documento se hace específica mención de que el Derecho de la Unión no será aplicable para Gibraltar cuando el Reino Unido deje de ser Estado Miembro, ya que el Derecho de la Unión resultará inaplicable a Gibraltar.
La primera de estas medidas es la referida a los ciudadanos. A partir del 30 de marzo, los ciudadanos de la Unión que residan en Gran Bretaña no estarán protegidos por la libre circulación establecida en la Unión Europea. Esta cuestión es prioritaria para la Unión Europea.
El armazón jurídico bajo el que se regirán los ciudadanos europeos en suelo británico será el de las leyes de inmigración que tenga en vigor el Reino Unido. La primera ministra británica ha ofrecido garantías diciendo que aunque haya una retirada sin acuerdo “se protegerán de modo similar los derechos de los ciudadanos de la UE en el Reino Unido.” Por su parte, la Comisión, es decir, la Unión Europea ha instado a los Estados Miembros para que adopten un planteamiento generoso en relación con los nacionales del Reino Unido y sus familias que ya residen en su territorio.
Con respeto al derecho de permanencia, para los nacionales del Reino Unido le serán aplicable las normas de la Unión Europea y las normas nacionales en lo que se refiere a su derecho, de entrar y residir a trabajar en los Estados de la Unión. Para estancias de corta duración hasta 90 días, se les dará un visado a condición de que exista la misma situación con respeto a los ciudadanos de la Unión en Reino Unido. A los que ya han residido más de cinco años se les concederá el estatuto de residente de larga duración. Para todo ello se deberán adoptar las medidas legislativas y administrativas correspondientes. Del mismo modo se coordinarán los sistemas de Seguridad Social para proteger los Derechos de los ciudadanos de la UE teniéndose en cuenta los periodos de trabajo o seguro acumulado, garantizándose la agregación y exportándose las pensiones de jubilación al Reino Unido.
En segundo lugar, el Plan de Contingencia atiende a una normativa sectorial en la se plantea en un primer momento la problemática de diversos sectores, entre otros, los Servicios Financieros, el Transporte aéreo y por carretera, las Aduanas y el Cambio Climático.
Los operadores financieros establecidos en Reino Unido perderán el Derecho a prestar sus servicios en los Estados Miembros en virtud de régimen de pasaportes y consecuentemente deberán cumplir el Derecho de la Unión. Para salvaguardar la estabilidad financiera se adoptan unas medidas de contingencia como el establecimiento de un periodo de 12 meses para garantizar que no habrá perturbaciones “en la compensación centralizada de derivados”, un periodo de 24 meses para garantizar que no habrá perturbaciones en los servicios prestados por los depositarios centrales de valores del Reino Unido y dos Reglamentos para facilitar la novación de “determinados contratos de derivados OTC con una contra parte establecida en el Reino Unido”.
En suma, todos los operadores financieros deben prepararse antes de que se produzca un Brexit sin acuerdo. Las empresas no pueden seguir pensando que operarán de la misma manera como venían actuando, un Estado tercero no tendrá las mismas ventajas que un Estado miembro de la Unión y por ello se ha de informar a los clientes, a las empresas se han de preparar las propias entidades bancarias y crediticias ante una contingencia que hasta el momento nunca se ha vivido.
Con respecto al Transporte aéreo, el tráfico se irrumpirá si no hay Acuerdo de Retirada ante lo cual se propone una propuesta de Reglamento para garantizar temporalmente durante 12 meses la prestación de determinados servicios aéreos entre el Reino Unido y los Estados Miembros y una propuesta de Reglamento en materia de seguridad aérea para prologar durante 9 meses la validez de determinadas licencias existentes. Con respecto al transporte de mercancías por carretera si no hay Acuerdo éste se verá seriamente restringido y sujeto a un sistema internacional de contingentes limitados. La legislación de la Unión Europea será de aplicación sobre mercancías importadas y exportadas si no hay Acuerdo de Retirada aplicándose el Código Aduanero de la Unión.
Hasta ahora, las conexiones entre el continente europeo y las islas británicas se produce a través del Eurotúnel cuya principal empresa Eurostars podrá verse afectada tanto en el número de viajeros, como sus empleados y en una disminución del número de trenes en circulación en la medida en que los permisos no se revaliden. El plan de contingencia no dicen nada al respecto del sector del ferrocarril, pero el Profesor Federico Fabbrini, director del Brexit Institute en la Universidad Ciudad de Dublín ha señalado que “el Brexit afectará a las conexiones entre Londres, París y Bruselas puesto que una frontera internacional va a erigir una frontera entre el Reino Unido y la Unión Europea”.
Finalmente, la política de la Unión Europea en materia de Cambio Climático dejará de funcionar con respeto al Reino Unido si no hay Acuerdo suspendiéndose temporalmente para el Reino Unido la asignación gratuita de derechos de emisión, la subasta y el intercambio de créditos internacionales. En esta preparación de la retirada de Reino Unido se contempla la cuestión de Irlanda de Norte comprometiéndose la Comisión a continuar y reforzar el apoyo transfronterizo a la paz y la reconciliación en los condados transfronterizos e Irlanda de Norte. Por último, la Comisión invita a los colegisladores a adoptar las propuestas de actos legislativos antes de la fecha de retirada y les reitera su llamamiento a que pertenezcan unido. Acompaña a la Comunicación de 19 de diciembre una lista de catorce Actos jurídicos que ya han sido adoptados.
En suma, si no se acepta el Acuerdo de Retirada, el Reino Unido saldrá abruptamente de la Unión Europea sin entendimiento e impidiendo a los actores económicos principales, empresas, ciudadanos, Administraciones Públicas poder mantener sus actividades en un contexto de certidumbre. Grandes inversiones ya se han visto paralizadas por este fenómeno, la libra se ha depreciado y los ciudadanos comunitarios empiezan a optar por evitar viajar a Reino Unido. El Plan de Contingencia prevé activar una serie de medidas normativas que disminuyan las externalidades negativas de un proceso que todavía no ha culminado, quedan por delante tres meses cruciales en los que se pueden producir nuevos acontecimientos. Lejos está este panorama del que se vivió en Inglaterra en la Convención del Partido Conservador del año 2018 cuando bailaron al ritmo del grupo musical sueco Abba.
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