La Autoridad Fiscal da la voz de alarma sobre el impacto de las pensiones en la deuda pública

La AIReF señala que la ratio de deuda sobre PIB se estabilizaría en el entorno del 90% en los próximos diez años en un escenario inercial a políticas constantes, que implica mantener los saldos presupuestarios de 2018, y teniendo en cuenta el gasto acumulado de mantener el poder adquisitivo de las pensiones. A partir de 2030, la ratio de deuda sobre PIB volvería a ser creciente.

Según el Observatorio de Deuda, la vinculación de las pensiones a la inflación supondrá una presión sobre el gasto, especialmente a partir de los años 30, como consecuencia de la jubilación de las cohortes del baby boom. A falta de medidas que la compensen, esta deriva implicaría un aumento en la deuda pública de unos 50 puntos de PIB en 2048.

En este escenario, la nueva previsión del gasto en pensiones provocará un cambio cualitativo en la dinámica de la ratio de deuda, situándola en torno al 130% del PIB en un horizonte de 30 años, si se mantiene constante el saldo primario de 2018 en los distintos subsectores de las Administraciones Públicas. Estos saldos se situarían en línea con los observados en el promedio del periodo 1995-2017.

En cambio, asumiendo las presiones procedentes de la actualización de las pensiones al IPC, la AIReF estima que la deuda podría estabilizarse por debajo del 75% del PIB en un escenario que implique una política fiscal convergente al equilibrio presupuestario en el largo plazo (escenario normativo); orientada a conducir el stock de la deuda de los distintos subsectores a su nivel de referencia (13% del PIB para las CCAA y 44% para la Administración Central y la Seguridad Social). Este escenario implicaría alcanzar y mantener indefinidamente saldos primarios muy exigentes desde una perspectiva histórica, en particular para la Administración Central, en línea los máximos observados en los últimos 20 años.

Por otro lado, alcanzar una dinámica de reducción continuada de la ratio de deuda hasta el nivel de referencia del 60% del PIB requiere, adicionalmente a los supuestos implícitos en el escenario normativo, la implementación de reformas que mitiguen el impacto del envejecimiento (por ejemplo, mediante la profundización en las reformas paramétricas del 2011) que podrían llegar a un impacto acumulado similar al del Índice de Revalorización de las Pensiones. En este escenario, el cumplimiento de las reglas fiscales combinado con las estas reformas permitirá reducir la ratio de deuda al nivel de referencia del 60% en 2031. Esta situación aliviaría parte del esfuerzo en términos de saldo primario para la Administración Central a partir de esa fecha.

Las comunidades autonómas presentan un riesgo de sostenibilidad ligeramente alto a nivel agregado. No obstante, la situación individual es muy dispar y cuatro comunidades presentan un riesgo de sostenibilidad muy alto (Castilla-La Mancha, Cataluña, Comunidad Valenciana y Murcia). Las dos principales vulnerabilidades del subsector siguen siendo el elevado nivel de endeudamiento y la creciente dependencia de los mecanismos extraordinarios de financiación, que limita los incentivos de vuelta a la disciplina de mercado.

Bajo un escenario de política incambiante, la AIReF estima que solo cinco comunidades alcanzarían una ratio de deuda inferior al 13% del PIB en los próximos 30 años (Islas Canarias, Galicia, Madrid, Navarra y País Vasco). La senda de deuda se volvería insostenible en muchas CCAA y también a nivel de AAPP. Bajo los supuestos del escenario normativo, antes de 2040 todas las CCAA, menos Comunidad Valenciana, Castilla-La Macha, Murcia y Cataluña, lograrían alcanzar el límite de referencia del 13%.

Por el contrario, la ratio deuda del subsector de Corporaciones Locales se encuentra en un mínimo histórico, con depósitos bancarios suficientes para amortizar casi la totalidad de la deuda. Aun así, todavía existen grandes ayuntamientos altamente endeudados, como Zaragoza, Madrid, Málaga, Murcia, Palma, Córdoba, Valencia, Barcelona, Sevilla, Valladolid y Alicante.